Doug Gylfe todavía no puede comprar una casa en Torrance, a pesar de que los precios han bajado un 23%. Y el Congreso no está ayudando.
Ese es el dilema en estos días para los legisladores de la nación y para los millones de estadounidenses que han quedado imposibilitados de convertirse en dueños de casa: cualquier política de rescate para detener los embargos podría artificialmente subir los precios de las casas y perpetuar la crisis de accesibilidad a la vivienda propia en muchas ciudades de costa a costa.
"A pesar de la baja en el mercado inmobiliario, la capacidad de comprar una vivienda continúa siendo el reto número uno", dice Rachel Drew, analista investigadora del Centro Unificado de Estudios sobre la Vivienda, de la Universidad de Harvard.
En Torrance, una ciudad costera a 16 millas al sur de Los Ángeles, donde vive Gylfe, el precio medio de una casa dentro de su código postal ha caído de 830 mil dólares registrado hace dos años a un precio actual 360 mil dólares. Sin embargo, eso es todavía el doble de lo que ese residente puede pagar con su salario como evaluador (appraiser) de bienes raíces.
"He vivido aquí desde que tenía 10 años de edad y realmente me gusta, dice Gylfe, de 53 años. "Podría estar aquí toda mi vida si me alcanzara para comprar algo".
Sin embargo, los legisladores parecen más enfocados en las consecuencias económicas negativas de la caída de precios que en los beneficios. El Congreso debe enfrentar la crisis la industria de bienes raíces: caída de los precios de las propiedades, mercado en baja, desempleo de agentes y alza de las tasas de interés.
Mientras la mayoría de los economistas concuerdan en que las inminentes amenazas a la economía y al sistema financiero son grandes, Edward Leamer, economista de la Universidad de California, dice: "La gente que no halla vivienda accesible debe sentirse legítimamente irritada de que a los especuladores que compraron lo que ellos no pudieron pagar, el gobierno federal ahora los va a sacar de apuros".
Leamer añade: "Y las personas que actúan responsablemente y decidieron no comprar una casa, no van a recibir ningún beneficio".
Ahora, la Cámara de Representantes y el Senado están cotejando dos proyectos para una ley que si la firma el presidente George W. Bush permitiría a la Oficina Federal de Vivienda (FHA) asegurar 300,000 millones de dólares en nuevos préstamos para ayudar a los dueños de casa que enfrentan embargos, entre otras iniciativas.
Los legisladores también piensan reservar 3.9 billones de dólares en fondos para ayudar a comprar y rehabilitar propiedades embargadas, otorgando a los primeros compradores un crédito de impuestos de más de ocho mil dólares, apoyando así a gigantes hipotecarios como Fannie Mae and Freddie Mac.
Estas medidas podrían ayudar a los dueños de casa a refinanciar sus préstamos y a evitar el embargo, y también reacondicionar algunos inmuebles reposeídos por lo bancos, que en algunos barrios están devaluando a los edificios vecinos.
Al apoyar los precios de las casas, el gobierno está cerrando la puerta a familias de la clase trabajadora o de clase media de ingresos moderados con aspiraciones de comprar a más bajo precio.
Hace dos años el precio medio de una casa existente llegó a 230 mil dólares y según la Asociación de Agentes de Bienes Raíces esa propiedad ahora cuesta 208,600 dólares.
La baja de precios ha ayudado a hacer más accesibles algunos mercados de bienes raíces, pero los expertos opinan que no se ha resuelto el problema en varias áreas metropolitanas, donde se ha reducido la brecha de acceso a vivienda para policías, maestros, enfermeros, empleados de comercio y otros empleos de servicios vitales.
"En muchos mercados urbanos, especialmente en California, aunque una persona gane un 120% del salario medio todavía no puede encontrar nada a su alcance cerca de donde vive", dice Barbara Lipman, directora del Center for Housing Policy en Washington D.C. "No existe suficiente reserva de vivienda accesible para personas de ingresos moderados".
A menos que Gylfe y otros compradores se muden a zonas más económicas pero generalmente más lejanas, es muy poco lo que pueden hacer sino esperar a que las fuerzas del mercado sean más fuertes que la intervención del Congreso.
Gylfe ha buscado en un suburbio de Long Beach, donde los precios oscilan entre 325 mil dólares y 500 mil dólares. Todavía los precios más bajos están fuera de su presupuesto, él espera que bajen aún más si continúa declinando el mercado.
"Es un área agradable, pero sin comparación donde siempre he vivido, aquí en South Torrance", afirma.








