Un acto de protesta en Los Ángeles, en apoyo de la venta legal de marihuana medicinal a personas que sufren de ciertos males. (FOTO: Ciro Cesar/La Opinión)
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Sin embargo, en junio pasado el Comité de Planeación y Uso Geográfico del Concejo Municipal de Los Ángeles decidió extender esta moratoria, que llegaba a su fin en septiembre, y estableció que mientras no hubiera una ley municipal que dictara las directrices para operar los dispensarios de marihuana a pacientes certificados, la ciudad no otorgaría ningún permiso más, y negaría la exención de casos.

En total a 19 dispensarios se les obligó a cerrar sus puertas ya que no demostraron razón para operar en los lugares que están instalados. El dictamen fue seguido de inmediato por otras ciudades como Claremont, Loma Linda y San Bernardino, que como Los Ángeles determinaron que muchos de estos centros no estaban cumpliendo con las normas estatales y estaban causando problemas en las comunidades porque las personas fumaban la hierba en lugares públicos, cerca de parques y escuelas.

Pero el dispensario Green Oasis, uno de los afectados, y una comitiva de otros propietarios de colectivos de marihuana, demandaron el mes pasado a la ciudad de Los Ángeles alegando que es inconstitucional que se extienda una moratoria porque los funcionarios han sido incapaces de aprobar una ley que rija adecuadamente a los dispensarios.

La impugnación de Green Oasis fue ayer apoyada por el juez James C. Chalfant quien dictaminó que el Ayuntamiento no siguió la ley estatal de respetar el plazo de la prohibición inicial.

El fallo de Chaflant sólo se aplica a Green Oasis, pero según expertos podría inspirar a otros dispensarios a seguir su ejemplo, indicaron otros expertos quienes calificaron a Los Ángeles como una región "fuera de control".

"La decisión federal realmente sólo vino a poner en papel lo que verbalmente ya se sabía, pero la situación de los dispensarios en Los Ángeles es una cuestión que está fuera de control, porque desde un principio no se establecieron leyes al respecto", dijo a La Opinión la activista Lanny Swerdlow.