El golpe que derrocó al presidente democráticamente electo de Honduras, Manuel Zelaya, es un retorno a los nefastos y cavernarios tiempos de las asonadas y las dictaduras latinoamericanas.
Los pueblos de América Latina han recorrido en las últimas décadas el camino de la democracia y han conseguido —a veces con traspiés, todavía con rezagos e imperfecciones pero también con éxitos cívicos notables— implantar regímenes electos por el voto popular. Esa ruta no se ha agotado en ningún sentido y, como lo demuestra el caso hondureño, aún existe el riesgo de involución y descomposición políticas.
Zelaya es el presidente legítimo de Honduras y debe ser restituido en su cargo de forma inmediata. Si, como lo acusan sus detractores y quienes lo derrocaron, incurrió en delitos, toca a la justicia y no al golpismo probarlo y todo cambio debe discurrir por las vías constitucionales. Pero, sea como sea, el golpe de estado es en sí ilegítimo y delictivo y no es el camino para resolver los problemas de las naciones.
Honduras atraviesa por momentos muy peligrosos. La comunidad internacional ha actuado atinadamente al avalar a Zelaya y desconocer al golpismo, que debe apartarse ya y someterse a la ley.
