Muchos hondureños, dentro y fuera de su país, sienten la frustración de no ser tomados en cuenta ante el repudio abierto al llamado golpe de estado contra el presidente Zelaya.
Los organismos internacionales debieron analizar a más profundidad los acontecimientos previos, antes de decidir un ultimátum y sanciones.
Soy fiel creyente de los preceptos democráticos y de la unión de los pueblos para hacerlos respetar, pero también, de la soberanía y la libertad de los mismos para decidir su futuro y poder corregir a tiempo los desvíos y violaciones que sus gobernantes cometen al amparo del poder.
Este ha sido el caso de Zelaya.
Hoy, a través de los medios, estamos mas inclinados a hacer eco de las disposiciones de los organismos internacionales, y han sido pocos los que se han preocupado por difundir en este momento crucial otras voces, las voces del pueblo hondureño y las voces de otros poderes en ese país como el legislativo y el judicial, que mucho tendrían que decir, aportar y mostrar a la comunidad internacional.
Antes de su destitución, Manuel Zelaya rompió las leyes de su país al convocar a una consulta orientada a modificar la constitución hondureña a través de una Asamblea Nacional Constituyente para reelegirse indefinidamente al más puro estilo chavista.
La autoridad electoral demandó y el Poder Judicial declaró ilegal la intención presidencial por considerarla inconstitucional.
Hasta aquí solo eran intentos de Zelaya por lograr una nueva Constitución como la de Rafael Correa en Ecuador, como la de Evo Morales en Bolivia o mejor aún, como la de Hugo Chávez en Venezuela.
Zelaya entonces pasó a los hechos y contraviniendo las disposiciones legales, permitió la llegada al aeropuerto de Tegucigalpa de un avión procedente de Venezuela con el material impreso para llevar a cabo su llamada "encuesta".
