Arpaio, sheriff de Maricopa. (FOTO: AP)
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PHOENIX, Arizona.— Una redada de inmigrantes indocumentados anunciada para mañana viernes por el sheriff del Condado Maricopa podría invitar a nuevas demandas contra la agencia en la mira de una investigación del Departamento de Justicia (DOJ).
El sheriff Joe Arpaio anunció el operativo para el 16 de octubre desafiando al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por limitar un acuerdo que permitía a sus alguaciles actuar como agentes de Inmigración en detenciones de tráfico.
En protesta contra la redada activistas pro-inmigrantes organizan una marcha para ese mismo día y un despliegue de vigilancia callejera con observadores legales y abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
“El está queriendo hacer su show a costillas de gente inocente”, aseguró Lydia Guzmán presidente de Somos América una coalición pro-inmigrante. “No queremos paralizar la economía pero estamos diciendo que es mejor que se queden en casa sino tienen documentos.”
Guzmán, además directora de Respect/Respeto una organización que documenta violaciones contra los derechos civiles dijo que ha recibido cientos de llamadas esta semana de residentes aterrorizados por la redada cuya ubicación aun no se conoce.
“Mi esposo va a ir a trabajar ese día. Pero es bien duro, porque este señor no se cansa de destruir familias”, opinó Marina Rivera una inmigrante indocumentada que vive en Phoenix. “Alguien tiene que frenarlo. No se qué se esperan. ¿Qué ocurra algo peor?”.
En el 2007, el sheriff firmó un acuerdo con DHS conocido como 287(g) para entrenar a 160 alguaciles en el cumplimiento de las leyes federales de migración.
El uso de estos poderes resultó en varias denuncias y demandas contra su agencia por utilizar perfiles raciales y abusar físicamente de los detenidos. Actualmente DOJ investiga algunas de esas acusaciones.
La semana pasada Arpaio anunció que DHS le dio un nuevo contrato en el que sólo permitirá que 60 de sus carceleros cuestionen el estatus migratorio de los detenidos en cárceles del condado.
DHS no ha querido comentar al respecto. Pero se espera que hoy (jueves) confirme si se firmará el nuevo acuerdo con el sheriff.
“Esto es por razones políticas”, protestó Arpaio. “Voy a continuar haciendo lo mismo”, agregó, asegurando que incluso está dispuesto a transportar a los inmigrantes indocumentados hasta la frontera para su deportación.
Arpaio aseguró que puede valerse de leyes estatales y de una interpretación de la ley federal -que jamás ha sido utilizada- para continuar las redadas.
El sheriff lleva dos años utilizando la ley estatal anti-coyote para arrestar a inmigrantes que contratan los servicios de un traficante para cruzar la frontera. Y ha realizado redadas en sitios de empleo acusando a los trabajadores que usan documentos falsos de robo de identidad.
Pero este viernes las cosas pueden ser diferentes.
“Esta próxima redada es una invitación a que lo demanden”, opinó Daniel Ortega, un abogado experto en derechos civiles. Ortega dijo que el sheriff está queriendo
resucitar una interpretación secreta del Departamento de Justicia después del 9/11, de que la policía local tiene el poder inherente de implementar la ley de inmigración.
Si eso fuera así no se hubiesen firmado los acuerdos 287(g), argumentó Ortega.
En julio, Janet Napolitano la secretaria de DHS anunció una revisión nacional de estos acuerdos de cooperación con policías locales para darle prioridad a la captura de inmigrantes indocumentados que cometieron un crimen.
Pero varios grupos pro-inmigrantes y el Caucus Hispano del Congreso han pedido a la administración de Obama que cancele completamente los acuerdos.
“Si ellos no hacen nada nosotros vamos a seguir peleando hasta terminar con el abuso”, opinó el activista Salvador Reza, organizador del movimiento PUENTE. La agrupación realizará una marcha este viernes para pedir un alto a los 287(g).
“Arpaio no más es símbolo del odio que estamos viviendo ahorita por falta de una reforma migratoria”, enfatizó Reza.
El activista dijo que aunque los acuerdos 287(g) se limiten a la cárceles son peligrosos porque se prestan para que la policía local detenga personas por su apariencia física. Tal es el caso de María del Carmen García una inmigrante que fue encarcelada por cargos de presentar documentos falsos que no pudieron comprobarse. García acusó a los carceleros del sheriff de quebrarle el brazo para forzarla a poner su huella en un documento migratorio.
En los últimos dos años, los alguaciles del sheriff han identificado a 33 mil inmigrantes indocumentados en sus cárceles y detenido a 294 en redadas en las calles.
El sheriff Joe Arpaio anunció el operativo para el 16 de octubre desafiando al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por limitar un acuerdo que permitía a sus alguaciles actuar como agentes de Inmigración en detenciones de tráfico.
En protesta contra la redada activistas pro-inmigrantes organizan una marcha para ese mismo día y un despliegue de vigilancia callejera con observadores legales y abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
“El está queriendo hacer su show a costillas de gente inocente”, aseguró Lydia Guzmán presidente de Somos América una coalición pro-inmigrante. “No queremos paralizar la economía pero estamos diciendo que es mejor que se queden en casa sino tienen documentos.”
Guzmán, además directora de Respect/Respeto una organización que documenta violaciones contra los derechos civiles dijo que ha recibido cientos de llamadas esta semana de residentes aterrorizados por la redada cuya ubicación aun no se conoce.
“Mi esposo va a ir a trabajar ese día. Pero es bien duro, porque este señor no se cansa de destruir familias”, opinó Marina Rivera una inmigrante indocumentada que vive en Phoenix. “Alguien tiene que frenarlo. No se qué se esperan. ¿Qué ocurra algo peor?”.
En el 2007, el sheriff firmó un acuerdo con DHS conocido como 287(g) para entrenar a 160 alguaciles en el cumplimiento de las leyes federales de migración.
El uso de estos poderes resultó en varias denuncias y demandas contra su agencia por utilizar perfiles raciales y abusar físicamente de los detenidos. Actualmente DOJ investiga algunas de esas acusaciones.
La semana pasada Arpaio anunció que DHS le dio un nuevo contrato en el que sólo permitirá que 60 de sus carceleros cuestionen el estatus migratorio de los detenidos en cárceles del condado.
DHS no ha querido comentar al respecto. Pero se espera que hoy (jueves) confirme si se firmará el nuevo acuerdo con el sheriff.
“Esto es por razones políticas”, protestó Arpaio. “Voy a continuar haciendo lo mismo”, agregó, asegurando que incluso está dispuesto a transportar a los inmigrantes indocumentados hasta la frontera para su deportación.
Arpaio aseguró que puede valerse de leyes estatales y de una interpretación de la ley federal -que jamás ha sido utilizada- para continuar las redadas.
El sheriff lleva dos años utilizando la ley estatal anti-coyote para arrestar a inmigrantes que contratan los servicios de un traficante para cruzar la frontera. Y ha realizado redadas en sitios de empleo acusando a los trabajadores que usan documentos falsos de robo de identidad.
Pero este viernes las cosas pueden ser diferentes.
“Esta próxima redada es una invitación a que lo demanden”, opinó Daniel Ortega, un abogado experto en derechos civiles. Ortega dijo que el sheriff está queriendo
resucitar una interpretación secreta del Departamento de Justicia después del 9/11, de que la policía local tiene el poder inherente de implementar la ley de inmigración.
Si eso fuera así no se hubiesen firmado los acuerdos 287(g), argumentó Ortega.
En julio, Janet Napolitano la secretaria de DHS anunció una revisión nacional de estos acuerdos de cooperación con policías locales para darle prioridad a la captura de inmigrantes indocumentados que cometieron un crimen.
Pero varios grupos pro-inmigrantes y el Caucus Hispano del Congreso han pedido a la administración de Obama que cancele completamente los acuerdos.
“Si ellos no hacen nada nosotros vamos a seguir peleando hasta terminar con el abuso”, opinó el activista Salvador Reza, organizador del movimiento PUENTE. La agrupación realizará una marcha este viernes para pedir un alto a los 287(g).
“Arpaio no más es símbolo del odio que estamos viviendo ahorita por falta de una reforma migratoria”, enfatizó Reza.
El activista dijo que aunque los acuerdos 287(g) se limiten a la cárceles son peligrosos porque se prestan para que la policía local detenga personas por su apariencia física. Tal es el caso de María del Carmen García una inmigrante que fue encarcelada por cargos de presentar documentos falsos que no pudieron comprobarse. García acusó a los carceleros del sheriff de quebrarle el brazo para forzarla a poner su huella en un documento migratorio.
En los últimos dos años, los alguaciles del sheriff han identificado a 33 mil inmigrantes indocumentados en sus cárceles y detenido a 294 en redadas en las calles.
