Washington, 13 de Octubre (EFE).- El Tribunal Supremo de Estados Unidos escuchó hoy los argumentos del caso Padilla vs. Kentucky, que busca determinar si los abogados deben informar a sus clientes sobre las consecuencias de una declaración de culpabilidad, incluido el riesgo de deportación.
José Padilla es un veterano de la guerra de Vietnam originario de Honduras que ha vivido en EE.UU. durante más de 40 años y tiene residencia legal aunque nunca se convirtió en ciudadano.
En septiembre de 2001 un jurado presentó cargos contra él por supuesto tráfico y posesión de marihuana y artículos relacionados con el consumo de drogas, así como por conducir un vehículo sin la documentación necesaria.
Padilla optó por declararse culpable de los tres cargos relacionados con los narcóticos en el año 2002 a cambio de que se desestimara el otro cargo y una sentencia de 10 años por todas las imputaciones, cinco de ellos en prisión y cinco en libertad condicional.
Su abogado le aseguró que no sería deportado si se declaraba culpable, pero se equivocó porque el tráfico de estupefacientes es un delito grave que conduce a la deportación.
En agosto de 2004 Padilla trató de retirar su autoinculpación al argumentar que su abogado lo había asesorado indebidamente.
Padilla sostuvo que su abogado le había dicho que no tenía que preocuparse sobre su estatus migratorio porque había estado en el país durante mucho tiempo.
Un tribunal inferior del estado de Kentucky negó la solicitud, al aducir que la autoinculpación no exige que el acusado sea informado de todas las posibilidades de esa decisión.
El caso acabó en el Tribunal Supremo estatal, que determinó que los abogados defensores no tienen la obligación de advertir a sus clientes sobre las posibles repercusiones migratorias.
El Tribunal Supremo, la máxima instancia judicial estadounidense, aceptó finalmente revisar el caso.
Los nueve jueces de la corte deberán emitir una opinión en los próximos meses y determinar si el asesoramiento legal inadecuado permite la retirada de la declaración de culpabilidad.
Stephen Kinnaird, representante de Padilla, adujo hoy durante los argumentos orales que es obligación de los abogados el informar a sus clientes sobre las ventajas y desventajas de una declaración de culpabilidad.
Por su parte, la juez de origen hispano Sonia Sotomayor señaló hoy durante la audiencia que el decidir declararse culpable y evitar ir a juicio implica claros riesgos de los que el acusado debería de ser consciente.
El Congreso endureció las leyes a mediados de 1990 para convertir la deportación en automática para muchos crímenes.
La organización humanitaria Human Rights Watch recordó en un comunicado divulgado ayer que el caso a revisión en el Supremo sirve para recordar que más de un millón de inmigrantes han tenido que dejar EE.UU. desde finales de 2008 a raíz de las órdenes de deportación.
Según el grupo, los datos desmienten la creencia popular de que EE.UU. deporta casi exclusivamente a aquellos no-ciudadanos acusados de crímenes violentos.
José Padilla es un veterano de la guerra de Vietnam originario de Honduras que ha vivido en EE.UU. durante más de 40 años y tiene residencia legal aunque nunca se convirtió en ciudadano.
En septiembre de 2001 un jurado presentó cargos contra él por supuesto tráfico y posesión de marihuana y artículos relacionados con el consumo de drogas, así como por conducir un vehículo sin la documentación necesaria.
Padilla optó por declararse culpable de los tres cargos relacionados con los narcóticos en el año 2002 a cambio de que se desestimara el otro cargo y una sentencia de 10 años por todas las imputaciones, cinco de ellos en prisión y cinco en libertad condicional.
Su abogado le aseguró que no sería deportado si se declaraba culpable, pero se equivocó porque el tráfico de estupefacientes es un delito grave que conduce a la deportación.
En agosto de 2004 Padilla trató de retirar su autoinculpación al argumentar que su abogado lo había asesorado indebidamente.
Padilla sostuvo que su abogado le había dicho que no tenía que preocuparse sobre su estatus migratorio porque había estado en el país durante mucho tiempo.
Un tribunal inferior del estado de Kentucky negó la solicitud, al aducir que la autoinculpación no exige que el acusado sea informado de todas las posibilidades de esa decisión.
El caso acabó en el Tribunal Supremo estatal, que determinó que los abogados defensores no tienen la obligación de advertir a sus clientes sobre las posibles repercusiones migratorias.
El Tribunal Supremo, la máxima instancia judicial estadounidense, aceptó finalmente revisar el caso.
Los nueve jueces de la corte deberán emitir una opinión en los próximos meses y determinar si el asesoramiento legal inadecuado permite la retirada de la declaración de culpabilidad.
Stephen Kinnaird, representante de Padilla, adujo hoy durante los argumentos orales que es obligación de los abogados el informar a sus clientes sobre las ventajas y desventajas de una declaración de culpabilidad.
Por su parte, la juez de origen hispano Sonia Sotomayor señaló hoy durante la audiencia que el decidir declararse culpable y evitar ir a juicio implica claros riesgos de los que el acusado debería de ser consciente.
El Congreso endureció las leyes a mediados de 1990 para convertir la deportación en automática para muchos crímenes.
La organización humanitaria Human Rights Watch recordó en un comunicado divulgado ayer que el caso a revisión en el Supremo sirve para recordar que más de un millón de inmigrantes han tenido que dejar EE.UU. desde finales de 2008 a raíz de las órdenes de deportación.
Según el grupo, los datos desmienten la creencia popular de que EE.UU. deporta casi exclusivamente a aquellos no-ciudadanos acusados de crímenes violentos.
