El Consejo Nacional de La Raza (NCLR), el Centro Nacional de Leyes de Inmigración y la Conferencia de Obispos de Estados Unidos hicieron un llamado a los legisladores que negocian la reforman de salud en Washington, para que incluyan a los inmigrantes indocumentados en la discusión y no se les prohíba comprar seguro médico.
Además, solicitaron a los legisladores que abandonen las intensiones de restringir el acceso a subsidios para que los inmigrante legales con menos de cinco años de vivir en Estados Unidos puedan comprar su propio seguro.
Sonal Ambegaokar, abogada del Centro Nacional de Leyes de Inmigración, considera injusto e innecesario imponer restricciones no sólo a los inmigrantes indocumentados, sino también a las personas que han llegado a este país acatando las leyes migratorias.
"Creemos que así como levantaron las restricciones para los niños inmigrantes y mujeres embarazadas para que éstos tengan acceso a seguro médico público y a subsidios, se debería hacer lo mismo por los padres de estas criaturas. Cada persona debería tener derecho a pagar una parte de su seguro médico acorde a sus ingresos", manifestó Ambegaokar en teleconferencia desde Washington.
Las reglas que se impondrían a la compra de seguro médico privado haría también que los ciudadanos y residentes legales tengan que comprobar su estado migratorio.
"Los inmigrantes legales están siendo discriminados con el período de espera de cinco años que se les quiere imponer, pero las prohibiciones traerían complicaciones para el resto de la población que tendrían que proveer documentación antes de comprar seguro médico", agregó Ambegaokar.
Muchos activistas consideran además que dejar de lado a los inmigrantes no sólo es un error, sino que es peligroso para todo el sistema.
"Ellos no están aislados. Los 12 millones de inmigrantes indocumentados, así como los inmigrantes legales que llegaron a este país recientemente, viven en nuestras comunidades… es imposible ignorarlos. Lo que le suceda a los inmigrantes afecta al sistema de salud y a toda la reforma de salud. Si no logramos incluirlos, no será una reforma de salud efectiva", manifestó Jennifer Ng’andu, portavoz de NCLR.
Para Kevin Appleby, director de Servicios Migratorios de la Conferencia de Arzobispos de EEUU, el problema radica en que un tema de salud pública se está viendo como un problema político.
"Los inmigrantes, legales o indocumentados, quieren participar en la vida de Estados Unidos, están aquí trabajando y son parte del sistema. El sentido común nos dice que hay que dejarlos participar. Hay que permitirles ser parte del sistema porque de todas formas utilizarán el sistema. De los 12 millones de indocumentados, alguno se va a enfermar o tendrá un accidente, y el costo para todos será mayor si esa persona no cuenta con atención médica", dijo Appleby.
Este dejó clara que la postura de la iglesia cvatólica de que no importa donde una persona haya nacido, lo que debe predominar es su contribución a la sociedad y su necesidad de que sea tratado con dignidad cuando enfrenta un momento difícil como una enfermedad o un accidente.
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