Eileen Truax/ eileen.truax@laopinion.com
Agentes de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) anunciaron ayer que realizan auditorías a 652 empresas en todo el país por supuestamente haber contratado trabajadores indocumentados.
A través de un comunicado, John Morton, secretario adjunto del Departamento de Seguridad Interna (DHS) para ICE, informó que se revisarán los formularios I-9 de esas empresas en los cuales se ha detectado alguna discordancia entre el número de seguro social del trabajador y la identidad del mismo, en un esfuerzo nacional para "abordar y disuadir una ‘empleomanía’ ilegal".
Este formulario debe ser llenado por los patrones por cada empleado contratado para trabajar en Estados Unidos, y exige que el patrón revise y registre los documentos de identidad de cada individuo para determinar si éstos son auténticos.
Unas horas después de que se hiciera el anuncio, la empresa de manufactura textil American Apparel, con sede en Los Ángeles, informó que ayer recibió el aviso de inspección por parte de ICE, debido a lo cual 1,600 de sus empleados estarían sujetos a verificación.
De acuerdo con la empresa, la notificación recibida ayer es resultado de una inspección realizada por ICE en 2008, en la cual se buscaba determinar si cumplía con las leyes de inmigración. Según la información brindada por ICE a la propia compañía, se identificaron discrepancias en los registros de unos 200 empleados y se determinó que en el caso de cerca de 1,600 no se pudo demostrar su elegibilidad para trabajar legalmente en el país.
"A menos que estos empleados puedan resolver en un plazo razonable las discrepancias en sus archivos, o presenten una identificación válida y documentos que los hagan elegibles para trabajar (…) no podrán continuar trabajando en la compañía", informaron portavoces de la empresa.
Por la tarde, entre los trabajadores de American Apparel prevalecía la tranquilidad. En una conversación de algunos de ellos con La Opinión, la mayoría dijo no haber escuchado nada sobre la investigación, aunque reconocieron que en caso de verificarse la validez de los documentos, "más o menos la mitad" de los actualmente empleados podría verse en aprietos.
"Yo sí escuché algo de que iban a revisar papeles", comentó María Robles, trabajadora en el área de costura. "De por sí estamos preocupados porque no hay trabajo; la verdad es que todas las ‘factorías’ están teniendo problemas, tenga uno papeles o no", dijo. Por esta razón, consideró, la gente no dejará de ir a trabajar aunque se entere de la investigación.
"Muchos de estos empleados, algunos de ellos trabajando en American Apparel por más de una década, han sido empleados responsables y trabajadores que han hecho contribuciones significativas al crecimiento y el éxito de la compañía", dijo en un comunicado Dov Charney, director ejecutivo de la misma, quien enfatizó la voluntad de la empresa para cumplir con las leyes de inmigración y cooperar con los procedimientos de ICE.
Peter Schey, abogado de inmigración que representa a American Apparel, dijo que compañías como ésta no tienen acceso a los archivos gubernamentales para determinar si sus trabajadores están autorizados a trabajar en Estados Unidos, y que dado la gran cifra de trabajadores en todo el país que no lo están, "las empresas en áreas con numerosas comunidades inmigrantes son proclives a tener un significativo número de trabajadores usando documentos no válidos, aún si el empleador cumple con las reglas de la 1-9".
Sobre la decisión de American Apparel de hacer pública la investigación de la cual está siendo sujeto, Pat Reilly, portavoz de ICE, dijo que la empresa tiene esa prerrogativa, pero que ICE no hace del conocimiento público esa información, razón por la cual se reservó los nombres de las otras 651 empresas que están siendo investigadas.
Enrique Arévalo, abogado de inmigración de South Pasadena, recordó que American Apparel es una compañía que ha participado activamente a nivel del Congreso federal para impulsar la aprobación de una reforma migratoria.
"Posiblemente ellos creen que puede haber represalias por parte de ICE porque han criticado el sistema que se usa para verificar a las empresas", dijo Arévalo. "Yo pienso que hicieron lo correcto en hacer pública la información si consideran posible que esta auditoría sea una represalia por el rol activo que han asumido en el pasado".
El abogado explicó que con base en este procedimiento los trabajadores de la empresa no corren riesgo alguno, debido a que la revisión se hará directamente con los documentos proporcionados por la administración de la empresa. "Los trabajadores continuarán con su empleo hasta que finalice el proceso y sólo si ICE notifica al patrón que debe dejarlos ir serán despedidos. En tanto, no creo que exista la posibilidad de acciones como una redada; usualmente eso no pasa", comentó.
Las 652 empresas a las que ayer se les presentó un aviso de inspección fueron seleccionadas, según ICE, "como resultado de pistas y otra información obtenida a través de otros medios investigativos".
Durante el año fiscal 2008, ICE emitió 503 avisos similares a través de todo el año. Reilly dijo que no se descarta que durante 2009 pudiera haber otras empresas a las cuales se les inicie una investigación.
Por la tarde, entre los trabajadores de American Apparel prevalecía la tranquilidad. En una conversación de algunos de ellos con La Opinión, la mayoría dijo no haber escuchado nada sobre la investigación, aunque reconocieron que en caso de verificarse la validez de los documentos, "más o menos la mitad" de los actualmente empleados podría verse en aprietos.
"Yo sí escuché algo de que iban a revisar papeles", comentó María Robles, trabajadora en el área de costura. "De por sí estamos preocupados porque no hay trabajo; la verdad es que todas las ‘factorías’ están teniendo problemas, tenga uno papeles o no", dijo. Por esta razón, consideró, la gente no dejará de ir a trabajar aunque se entere de la investigación.
"Muchos de estos empleados, algunos de ellos trabajando en American Apparel por más de una década, han sido empleados responsables y trabajadores que han hecho contribuciones significativas al crecimiento y el éxito de la compañía", dijo en un comunicado Dov Charney, director ejecutivo de la misma, quien enfatizó la voluntad de la empresa para cumplir con las leyes de inmigración y cooperar con los procedimientos de ICE.
Peter Schey, abogado de inmigración que representa a American Apparel, dijo que compañías como ésta no tienen acceso a los archivos gubernamentales para determinar si sus trabajadores están autorizados a trabajar en Estados Unidos, y que dado la gran cifra de trabajadores en todo el país que no lo están, "las empresas en áreas con numerosas comunidades inmigrantes son proclives a tener un significativo número de trabajadores usando documentos no válidos, aún si el empleador cumple con las reglas de la 1-9".
Sobre la decisión de American Apparel de hacer pública la investigación de la cual está siendo sujeto, Pat Reilly, portavoz de ICE, dijo que la empresa tiene esa prerrogativa, pero que ICE no hace del conocimiento público esa información, razón por la cual se reservó los nombres de las otras 651 empresas que están siendo investigadas.
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