SAN SALVADOR.— Alrededor de cuatro soldados salieron ayer, por orden del presidente de El Salvador, Mauricio Funes, a zonas de "alta incidencia delincuencial" para combatir la violencia y reducir los homicidios, entre la esperanza ciudadana y el escepticismo de quienes dudan de la eficacia de la medida.
En un intento por contener la delincuencia, que causa 14 muertes diarias en un país de 6.1 millones de habitantes, Funes echó mano de las Fuerzas Armadas, que vieron limitada su actuación a la defensa de la soberanía en virtud de los Acuerdos de Paz tras la Guerra Civil (1980-1992), para reforzar las tareas de la Policía.
Serán unos 2,500 militares que se sumarán a los entre 1,200 y 1,300 soldados que desde el pasado 18 de junio participaban en grupos conjuntos con la Policía Nacional Civil (PNC), cuya capacidad ha sido desbordada por los homicidios y las denuncias de extorsiones.
En el país se contabilizaron 3,673 asesinatos en los últimos 10 meses, más que en todo 2008 y superior en un 40% al mismo período del año pasado, según cifras oficiales.
Los transportistas denuncian, por su parte, que alrededor de 11 mil unidades del servicio público pagan entre ocho y cinco dólares diarios en extorsiones, la llamada "renta", que es considerada la principal causa de los 122 asesinatos de conductores, ayudantes y empresarios denunciados por ese sector durante este año.
"Vivimos condiciones excepcionales, que nos llevan a utilizar la Fuerza Armada", admitió Funes ayer en declaraciones a periodistas, e indicó que como su comandante en jefe autorizó a las tropas a que garanticen la seguridad pública.
Funes ha dicho que los soldados, que se desplazarán a cinco de los 14 departamentos del país, incluido San Salvador, tendrán potestad para registrar personas y vehículos, detener en flagrancia, resguardar "puntos ciegos" de la frontera, proveer seguridad externa en cárceles y dar apoyo terrestre, marítimo y aéreo.
Sin embargo, voces como la del padre José María Tojeira, rector de la Universidad Centroamericana (UCA), afirman que la decisión tiene un factor "propagandístico".
"No creo que la presencia de militares contribuya mayormente al descenso de la violencia. Puede tener una efecto disuasorio en algunos lugares donde haya presencia de militares, pero hoy en día la delincuencia tiene una capacidad de organizarse, de cambiar de lugar", explicó.
Consideró que se requiere una política "sistemática y consecuente" contra el crimen, que abarque aspectos como la prevención con medidas que prohíban la tenencia de armas o fomenten el trabajo juvenil y "tecnificación" de la PNC en áreas como la investigación.
"Es más de lo mismo", sentenció, por su parte, Benjamín Cuéllar, del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), al recordar que desde "hace más de 15 años El Salvador está siendo patrullado por militares".
Expresó su preocupación ante la posibilidad de que esta "declaración de guerra" o "estado de sitio de hecho" no logre disminuir la violencia y, por el contrario, la exacerbe.
"¿Qué puede suceder en este escenario? Que el crimen organizado en El Salvador se ‘guatemalice’, se ‘mexicanice’ o se ‘colombianice’", advirtió, al indicar que en países como Brasil o México el uso de las tropas ha exacerbado la violencia.
Sin embargo, un 94% de los habitantes del Gran Salvador respalda la salida de las tropas a las calles, según un reciente sondeo publicado, al igual que sectores políticos.
"Lo más importante es saber que el pueblo salvadoreño tiene la confianza en nosotros y vamos a tratar de no defraudarlos", declaró el ministro de Defensa, David Munguía Payés, a medios locales.
Incluso, desde la oposición se escuchan voces de respaldo a la decisión presidencial.
"Estamos de acuerdo con que el Ejército salga a cuidar a la población civil que está sufriendo todo este embate de la delincuencia y que realmente se ha disparado en estos últimos meses", señaló a Efe el diputado Carlos Reyes, de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).
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