Policía hondureña vigila la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa, adonde llegó el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, con autoridades judiciales del país, en medio de una profunda crisis política. (FOTO: EFE)
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Todo parece indicar que las necesidades económicas lo hicieron girar a la izquierda, aunque no se descarta que bajo la asesoría de alguno de los arriba mencionados. Según sus propias declaraciones él estuvo tocando puertas de los organismos financieros y de Washington y no lo apoyaron, fue así que encontró en Hugo Chávez un arca abierta en momentos en que el petróleo alcanzaba el pico más alto en el mercado internacional. Originalmente el acuerdo consistió en vendernos petróleo, a precio de mercado, por el cual el gobierno pagaría a corto plazo 60 centavos por cada dólar del costo real mientras que los otros 40 centavos irían a un fondo de préstamo para gasto social. Ese préstamo sería a 25 años plazo, con un uno por ciento de interés, lo cual se consideraba una verdadera “ganga”.

Luego, vino la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América mediante la cual Chávez ofreció cien tractores y más dinero en préstamos. Los tractores llegaron hace un par de meses pero hasta ahora no se han utilizado y los préstamos no alcanzaron a desembolsarse, salvo el fondo petrolero que no se sabe dónde está  o cómo se ha invertido.

Incidiendo en la cuestión anterior, muchos nos preguntamos si realmente el gobierno del presidente Zelaya ha emprendido cambios políticos palpables, estructurales y reales hacia una sociedad menos desigual y más justa, o si por el contrario, todo es pura fachada y retórica ¿Ha experimentado Honduras reformas significativas desde que Mel es presidente? ¿Puede poner algún ejemplo de estos cambios?

A mi entender no han habido cambios de fondo, pero si decisiones polémicas que fueron minando su relación con los empresarios, con los políticos tradicionales y con el sistema judicial. Para el caso, cuando los precios del petróleo estaban muy altos inició un proceso de subasta de combustibles y contrató a un asesor norteamericano (Robert Meyeringh), pero su plan no pudo ser ejecutado porque el gobierno no tiene instalaciones de almacenamiento de combustible y cuando trataron de expropiar los tanques de la empresa Distribuidora de Productos de Petróleo S.A. (Dippsa) la iniciativa topó en los juzgados. Ese fue uno de los pulsos que perdió contra la empresa privada y el sistema judicial.