MÉXICO/La Opinión — Alrededor de 100 habitantes de la comunidad de Santiago Lachivía, en el estado de Oaxaca (sur), se encontraban limpiando un terreno comunal de sembradillo, cuando 20 soldados llegaron al lugar para disparar al aire sus armas. Al ver que los campesinos corrían en diversas direcciones, dispararon en su contra. Así murieron Cecilio Vásquez Miguel y Venancio Olivera.
Ricardo García fue sometido a actos de tortura después de haber sido detenido por militares que lo llevaron al cuartel de la fronteriza Ciudad Juárez, Chihuahua, donde lo desnudaron, lo golpearon, le aplicaron toques eléctricos en distintas partes del cuerpo, además de apretarle la lengua y la nariz con unas pinzas para obtener información respecto a la ubicación de armas y drogas.
Estos dos casos integrados el pasado mes de octubre forman parte de una lista de 562 quejas registradas por la Comisión de Derechos Humanos en los últimos dos años; 10 de los cuales, se presentaron en los últimos 30 días.
Entre 2008 y 2009, militares involucrados principalmente en la lucha contra el crimen organizado han violado los derechos humanos de civiles con tratos crueles, inhumanos o degradantes; cateos sin orden de un juez, retención ilegal, omisión de atención médica y apoderamiento de un bien inmueble sin causa justificada, dilación en el procedimiento administrativo y uso arbitrario de la fuerza pública.
El ejército mexicano reconoció recientemente que desde 2006 han sido sentenciados 12 soldados y otros 52 son procesados por diversos delitos, desde homicidio, tortura y secuestro.
El director de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Jaime Antonio López Portillo, aseguró que “la mayoría de delitos en que incurren son de carácter imprudencial, colateral a sus operaciones y por desconocimiento de las consecuencias de una violación a derechos humanos”, sobre todo desde que encabezan la lucha en contra del crimen organizado.
El presidente Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico desde diciembre de 2006 incrementando el número de militares en los estados con mayor penetración de los cárteles de la droga como Michoacán, Chihuahua, Guerrero,Tamaulipas, Nuevo León y Sinaloa.
El director de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Jaime Antonio López Portillo, aseguró que “la mayoría de delitos en que incurren son de carácter imprudencial, colateral a sus operaciones y por desconocimiento de las consecuencias de una violación a derechos humanos”, sobre todo desde que encabezan la lucha en contra del crimen organizado.
El presidente Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico desde diciembre de 2006 incrementando el número de militares en los estados con mayor penetración de los cárteles de la droga como Michoacán, Chihuahua, Guerrero,Tamaulipas, Nuevo León y Sinaloa.
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