Tegucigalpa/EFE — El depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, dijo ayer que "es una barbaridad" que el Congreso de ese país vaya a decidir sobre su restitución el 2 de diciembre, tras los comicios del 29 de noviembre.
"Es una barbaridad", indicó Zelaya a Efe en una conversación telefónica, después de que se informara que el Congreso abordará la restitución o no en el poder del presidente derrocado el 2 de diciembre próximo.
"Hicimos muy bien en retirarnos de ese juego sucio de Micheletti", señaló Zelaya en un breve comentario, en alusión a su decisión del pasado 6 de noviembre de dar por fracasado el acuerdo con el presidente de facto, Roberto Micheletti, por la intención de este último de encabezar un Gobierno de unidad y reconciliación.
El presidente del Congreso Nacional, José Alfredo Saavedra, dijo ayer a periodistas que junto a sus demás compañeros de junta directiva decidieron "oficializar la convocatoria para que el próximo 2 de diciembre se tenga la sesión del pleno para analizar el tema" de Zelaya.
Los diputados, por tanto, resolverán sobre Zelaya tres días después de las elecciones del 29 de noviembre, que la comunidad internacional amenaza con no reconocer si antes no se ha restituido al gobernante depuesto por el golpe de Estado del 28 de junio.
Zelaya agregó que "es una lástima que este régimen de facto esté siendo apoyado por los Estados Unidos".
El lunes, Zelaya también dijo a Efe que cuando Estados Unidos decidió apoyar las elecciones del 29 de noviembre próximo, después de haber afirmado que rechazaba el golpe de Estado, fortaleció al régimen de facto que preside Micheletti.
Zelaya tiene previsto recibir al subsecretario adjunto de EE.UU. para América Latina, Craig Kelly, en la embajada de Brasil en la capital hondureña, donde se encuentra desde que regresó al país el pasado 21 de septiembre.
Procuraduría entrega informe
Tegucigalpa/EFE — La Procuraduría General de Honduras entregó ayer al Congreso Nacional su opinión sobre si debe o no restituirse en el cargo al depuesto presidente Manuel Zelaya, incluida en un informe de sus actuaciones contra él antes de que fuera derrocado por el golpe de Estado el 28 de junio pasado.
La procuradora general, Rosa Miranda, entregó el documento en la Secretaría del Congreso, pero, según declaró a los periodistas, por “respeto” al Parlamento no precisó en qué sentido se pronunció la institución, que es la oficina legal del Estado.
El fiscal general de Honduras, Luis Rubí, dijo ayer a los periodistas que “a mediados de la próxima semana se estará llevando al Congreso Nacional la opinión del Ministerio Público”, mientras que la Corte Suprema de Justicia no ha dicho cuándo mandará la suya.
Miranda explicó que su informe “recoge las actuaciones en las que intervino la Procuraduría en la demanda que interpuso el Ministerio Público a raíz del proyecto denominado 'cuarta urna' y que después se volvió una convocatoria a una Constituyente” por parte de Zelaya.
Indicó que, aunque “no nos pidieron ningún dictamen ni ninguna opinión” sobre si Zelaya debe ser restituido o no en la Presidencia, la Procuraduría “consideró necesario poner una conclusión al respecto (...), eso lo manifestamos en el informe como una conclusión, pero no lo puedo decir".
La funcionaria matizó que su informe no es vinculante, sino que “es más ilustrativo, para que ellos (los diputados) se formen un criterio para tomar las decisiones que estimen que son más convenientes para el país".
Según el Gobierno de facto, los militares derrocaron a Zelaya por un mandato judicial dentro del proceso incoado contra él por el Ministerio Público por impulsar una consulta destinada a promover una Asamblea Constituyente que había sido declarada ilegal por varios órganos del Estado, entre ellos la Procuraduría.
La consulta iba a celebrarse el 28 de junio, pero fue frustrada por el derrocamiento de Zelaya, quien fue sustituido al frente de la Presidencia por Roberto Micheletti, por designación del Parlamento ese mismo día.
El informe de la Procuraduría es el segundo que el Congreso recibe de los órganos del Estado, a los que pidió pronunciarse antes de debatir sobre la restitución de Zelaya en su cargo, como establece el acuerdo firmado el 29 de octubre por comisiones del presidente depuesto y de Micheletti, y que no fija al Parlamento un plazo para hacerlo.
El Comisionado de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, entregó su informe la semana pasada, y están pendientes los de la Corte Suprema y el Ministerio Público.
