El proceso de deportación ya es suficientemente traumático para los familiares de la persona detenida por las autoridades migratorias, pero esto se complica aún más cuando el inmigrante es trasladado a 300 o más millas de su lugar de residencia. Esta situación, según un reporte de la organización Human Rights Watch (HRW), ocurre con demasiada frecuencia.
"Con casi 400,000 inmigrantes detenidos cada año, el espacio en los centros de detención, en particular cerca de ciudades con muchos inmigrantes, no es suficiente", apunta el reporte. "Entre 2005 y 2009, el uso de traslados aumentó más del doble. ICE ha construido un sistema que no puede funcionar sin trasladar a los detenidos lejos de su lugar de residencia".
Se analizaron los traslados de los últimos 12 años y se halló que 46% fueron llevados de uno a otro centro dos veces o más. Casi siempre esos traslados llevan a la persona detenida a otro estado del país. El promedio de millas recorridas es de 370 millas.
Pero según abogados de inmigración que han tenido clientes transferidos de un centro a otro, no solamente es traumático, sino que también afecta la capacidad de defender los casos de los inmigrantes, aun cuando ya tienen un abogado que los defienda.
La abogada Roxana Muro, de Los Angeles, contó a La Opinión su experiencia representando a un nicaragüense, residente permanente, que fue detenido por autoridades migratorias 20 años después de cometer dos robos en su juventud cuando fue a renovar su "tarjeta verde".
"Lo mandaron a Brownsville, Texas, donde sería más dificil pelear su caso porque los precedentes legales que había aquí en California en el noveno circuito no existían allá", dijo Muro. "Además, su familia, incluyendo su pareja actual y los hijos de su primer matrimonio, de los cuales él tenía custodia, sufrieron mucho. No podían viajar a verlo, fue tremendamente traumático sobre todo para una de sus hijas, cuyos problemas de comportamiento empeoraron mucho".
Tomó 14 meses para lograr la resolución de este caso. El juez que finalmente se lo concedió se mostró sorprendido por "el impacto que tuvo la separación".
Al final, afirma Muro, el castigo recibido "superó con creces el delito cometido hace 20 años, que además ya había pagado en la cárcel".
En muchos casos, los transferidos no son delincuentes comunes con problemas de inmigración sino simplemente indocumentados atrapados por las autoridades sin estatus en este país. En estos casos, un abogado puede lograr que los transfieran de nuevo cerca de su familia, pero en muchos casos, el traslado rompe la relación entre abogado y cliente.
"Yo defendí a una familia de 3 personas que fueron detenidas en San Bernardino y en cuestión de horas habían sido trasladados a Arizona, a un centro de detención en medio del desierto allá", indicó otro abogado, Nelson Castillo. "Afortunadamente tenían aquí a familia que respondió por ellos y me buscó para que tuvieran la representación legal adecuada. Pero traerlos de vuelta a California costó tiempo y dinero".
La Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) ha estado bajo la mira de grupos de derechos humanos, en este caso HRW, por la práctica de traslado de detenidos que se da sobretodo en los últimos años, cuando la población de inmigrantes encarcelados durante procesos migratorios se ha disparado y la única manera de manejar la cantidad de inmigrantes detenidos es moviéndolos de un lugar a otro.
Los abogados que ya representan a clientes cuando estos son trasladados, se quejan de que nunca se les avisa. "Nunca he representado a alguien que no haya estado al menos en tres centros de detención. Hasta los mandan a Hawaii. He practicado ley migratoria por más de una década. Jamás me han informado del traslado de uno de mis clientes", dijo el abogado citado por el reporte de HRW.
A repetidas críticas de su sistema, ICE ha dicho que está realizando reformas para aumentar la cantidad de camas en centros cercanos a grandes ciudades y para disminuir la cantidad de traslados. No obstante, HRW señala que después de dos años de hechas tales promesas, lo único que ha cambiado es que ahora hay un sistema computarizado que facilita la localización de los detenidos.
La organización enfatiza que, en la práctica, los delincuentes comunes tienen más derechos que los detenidos por ICE, sean o no convictos de un delito. "En el sistema de justicia criminal los detenidos antes de un juicio tienen el derecho protegido por la constitución de tener un juicio en la región donde ocurrieron los delitos. Los detenidos migratorios no tienen este derecho mientas están siendo procesados ni nunca", señala el reporte.
Varios abogados consultados señalaron que cuando el detenido tiene un delito anterior, es muy dificil conseguir que un juez permita su traslado de regreso a la corte cercana a su residencia. En caso de ser un deportable sin delitos previos, es más facil, aunque engorroso.
"Yo no entiendo por qué trasladar a una familia que vive en Palmdale a un centro en Arizona, cuando tienen uno aquí en Miraloma, cerca de ellos", dijo Castillo.
Aunque ICE dice que se reserva el derecho a trasladar detenidos por "cuestiones operativas", el reporte señala que además, no sólo cuesta dinero trasladarlos sino que los detenidos alejados de su lugar de residencia pasan más tiempo detenidos en vez de ser lo contrario. Es decir, cuestan más al estado.
