María Bolaños lleva más de un año peleando su deportación, luego de que en una pelea con su esposo llamara a la policía para reportar que estaba siendo víctima de violencia doméstica y el policía que llegó a su casa sospechara que vendía tarjetas telefónicas ilegalmente y la mandara a arrestar.
El suyo es el caso más conocido públicamente, pero activistas señalan que todos los programas que mezclan la actividad policial con la migratoria representan una amenaza creciente para mujeres inmigrantes víctimas de violencia doméstica, incluso para las que ya solicitaron algunos de los beneficios migratorios que las benefician. "El Departamento de Seguridad Nacional no ha sido muy efectivo en identificar víctimas de violencia doméstica a las que incluso ya le han dado beneficios, como por ejemplo suspensión de deportación bajo la ley VAWA (Ley contra la Violencia hacia la mujer)", dijo en una reciente audiencia ante el Congreso Leslye Orlof, directora del programa para mujeres inmigrantes de Legal Momentum.
Con la expansión del programa Comunidades Seguras, que se anunció ya funciona en cada condado de California – y lo hace también en otros mil condados del país- ese peligro crece, indicó Orloff.
Las inmigrantes indocumentadas víctimas de violencia doméstica tienen opciones legales y pueden pedir su residencia sin necesidad de un patrocinador, así como visas U o visas T. Estas son leyes que benefician a sobrevivientes de violencia doméstica, asalto sexual y tráfico humano, entre otros delitos violentos.
Pero cuando una víctima de violencia doméstica llama a la policía para reportar un incidente violento, a veces se realizan dobles arrestos –de la víctima y el perpetrador- sobretodo si la pareja no habla inglés y hay confusión sobre los hechos. Hay estados donde en estos casos es común un doble arresto mientras se aclara la situación, agregaron los activistas.
Los activistas de defensa de las mujeres inmigrantes dicen que esto señala lo peligroso que son estos programas para la seguridad pública, sobretodo en las comunidades inmigrantes. "Nuestros barrios pobres llenos de inmigrantes, no tienen el nivel de protección policíaca. Simplemente no hay nada más crítico que la confianza entre el inmigrante y la autoridad", dijo Enid Gonzalez, miembro del equipo legal de la organización Casa de Maryland, la primera organización que ayudó a Bolaños. "Este caso lo ilustra tenazmente, porque la comunidad lamentablemente aprende que no tiene que llamar a la policía".
El programa Comunidades Seguras sirve para analizar las huellas digitales de todas las personas arrestadas y determinar, entre otras cosas, si aparecen en las computadoras de las autoridades migratorias como personas con órdenes de deportación pendientes o sin autorización para estar en el país. Si una persona es arrestada y fichada, aunque luego no se le presenten cargos, sus huellas van a parar a estas bases de datos y ICE es notificado. ICE mantiene que el mismo se enfoca en arrestar a los delincuentes más peligrosos en un orden de prioridad de los delitos más graves a los menos graves. No obstante, esto no siempre es así. Un reciente análisis de los propios datos de ICE demostró que al menos un 28% de los procesados en el programa no son culpables de ningún delito, sólo indocumentados.
Recientemente ICE tuvo que entregar 15,000 documentos y memos internos sobre el manejo del programa tras una lucha legal por parte de la Red Nacional de Jornaleros, dijo Pablo Alvarado, director de la misma. "No han dicho la verdad con respecto a este programa", apuntó.
El caso de las mujeres víctimas de violencia doméstica es especial, no sólo porque ellas tienen derecho a beneficios migratorios, aunque muchas veces no lo saben, sino porque además el propio Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha intentado implementar medidas para identificar a estas mujeres, pero el alcance del programa es tan amplio, que esto es muy difícil.
A instancias de los activistas, DHS creó una lista con miles de nombres de mujeres que han recibido beneficios por violencia doméstica o que están solicitándolos y ya han sido preaprobadas. "Se supone que ICE no debe tocar a esas mujeres, pero cuando hay programas como 287g o Comunidades Seguras, esa lista no parece tener mucho efecto", dijo Orloff.
"Lo que pedimos es que ICE se comprometa a asegurarse que la persona arrestada no es víctima. De otra forma, este tipo de programas se vuelven muy peligrosos".
En todo caso, el efecto es crear más miedo entre las mujeres hacia la policía que hacia el propio abusador, dijo Judy London, abogada de Public Counsel en Los Ángeles.
"Definitivamente, lo que más nos preocupa no es que haya muchos casos de éstos, sino que crea temor en la comunidad…definitivamente esto ha dañado la confianza entre policía y comunidad", dijo London.
Hasta tal punto ocurre esto, que recientemente se reportó que hay organizaciones de ayuda a mujeres abusadas que ya les están recomendano no llamar a la policía sino llamar antes a otros recursos.
