Esta semana quedó más claro que nunca, por medio de cifras, que las acciones y políticas del gobierno de Barack Obama lo han convertido en el Presidente más duro contra los inmigrantes indocumentados que se haya visto en tiempos recientes.
Las cifras sobre deportaciones, cargos criminales contra inmigrantes y el uso de programas como el 287 g para arrestar a indocumentados que cometen faltas de tráfico y otros delitos menores, dan fe de una política migratoria que ha puesto en jaque a la comunidad indocumentada, y no solamente a los que cometen delitos graves sino a buena parte de esa población.
El más reciente estudio demuestra que las cosas para la población indocumentada no sólo se han calentado en el área de las deportaciones, que han aumentado consistentemente durante los últimos cuatro años fiscales –finales del período George W. Bush y primeros dos años de Obama– sino que los fiscales federales se están enfocando más en los inmigrantes y menos en otros delincuentes graves.
Hoy se da a conocer un análisis de 500,000 casos criminales presentados por el gobierno federal, realizado por investigadores de TRAC, de la Universidad de Syracuse en Nueva York.
Los resultados apuntan a un aumento de 77% en las acusaciones criminales contra inmigrantes indocumentados en los distritos fronterizos entre 2007 y 2010, que se vuelven más significativas cuando se añade que, en el mismo período de tiempo, los cruces fronterizos han experimentado menos presión y una baja en arrestos que ha coincidido con la recesión económica.
El mismo análisis revela que, al mismo tiempo, las acusaciones de delito menor contra inmigrantes en la zona fronteriza aumentaron en un 259%.
En el resto del país –distritos no fronterizos- también se ha visto un aumento de acusaciones federales por cuestiones migratorias, muchas de ellas relacionadas a entrada ilegal después de deportación, un cargo que antes no se perseguía con la misma dureza. En ese período señalado, los casos federales criminales no relacionados a los inmigrantes en todo el país bajaron en 6%, mientras que los cargos por inmigración aumentaron.
"El enfoque de los fiscales federales está cada vez más en los temas migratorios, mientras que otros tipos de casos criminales van en declive", señala el reporte.
Los fiscales federales no sólo pueden presentar casos criminales contra inmigrantes indocumentados por diversas violaciones de la ley –aparte de su presencia ilegal- sino que también están encargados de velar por la persecusión de otros delitos entre los que se encuentran el tráfico de drogas, fraudes de cuello blanco, tráfico humano, derechos civiles y leyes contra la discriminación, entre otras.
Pero cerca de la frontera, y más allá de la misma ese trabajo se ha visto reducido por el creciente énfasis en perseguir a los inmigrantes, que aparentemente tienen un nivel más alto de prioridad para este gobierno.
Voceros del Departamento de Justicia señalaron que las cifras pueden ser engañosas. "Aunque las cifras pueden ser un punto fácil de referencia, no siempre proporcionan una imagen exacta del trabajo de la fiscalía federal. Los fiscales federales en el país presentaron un número récord de casos criminales en este año y hemos visto aumentos en los últimos dos años en varias áreas como casos de cuello blanco, crimen organizado, corrupción y drogas", señaló
A principios de esta semana, la secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, reforzó durante un discurso en El Paso, Texas, que "el gobierno del presidente Obama ha deportado a más gente que nunca en los dos años anteriores", apuntando a las casi 800,000 personas deportadas en ese período de tiempo.
Al mismo tiempo, el Instituto de Políticas Migratorias, un centro investigador en Washington también dio a conocer un reporte en el cual señala que el programa 287g, supuestamente enfocado por este gobierno a deportar a los criminales peligrosos, principalmente cuando salen de la cárcel, no está funcionando de esa manera.
"A pesar de las declaraciones públicas de los funcionarios del gobierno de que el programa está enfocado a deportar a criminales peligrosos, nuestro análisis reveló que al menos la mitad de los deportados por esta vía son indocumentados o residentes legales arrestados por delitos menores u ofensas de tráfico", señala el reporte.
