MÉXICO, D.F.— Los asesinatos de más de 40 personas relacionadas con la delincuencia organizada en las últimas horas en México se realizaron con métodos de intimidación civil, que incluyeron el ataque a servicios públicos, granadas contra casas particulares, incendio de vehículos para el transporte y cadáveres regados a la vista.
Una de las principales avenidas del puerto de Acapulco, Guerrero, en el sur de México, quedó en penumbras durante la madrugada de ayer después de que sicarios destruyeron a balazos los transformadores de corriente eléctrica para operar a oscuras en contra de algunos miembros de bandas rivales que se disputan la plaza.
A la par, otro grupo de delincuentes ejecutó a ocho personas, lanzó granadas contra viviendas particulares e incendió siete autos en el puerto, resumió la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil de la ciudad, que no logró detener a ninguno de los hombres que sembraron el caos.
Desde horas antes, los desconocidos dejaron una cabeza humana cercenada a unos 200 metros de la costera Miguel Alemán, la avenida principal que circunda la bahía.
Al norte del país, la misma madrugada del viernes un enfrentamiento entre militares y delincuentes se saldó con ocho pistoleros muertos tras una persecución en Guadalupe, Nuevo León, reportó el Ejército.
En medio del silencioso amanecer de la ciudad —una de las de mayor adquisición económica del país— se contaron dos cuerpos en una camioneta, dos más cerca de un terreno baldío y tres que fueron alcanzados sobre la carretera cuando huían en desbandada.
Alrededor de una decena de pistoleros logró escapar, según la prensa local. El parte militar resumió el decomiso de ocho armas largas, un lanzagranadas y cartuchos.
En el fronterizo estado de Chihuahua se vivió una jornada semejante, pero en el contexto de la evaluación del programa Todos Somos Juárez.
Ocho personas fueron asesinadas mientras las autoridades presentaban los resultados de 160 acciones para disminuir la inseguridad y aumentar la calidad de vida de los juarenses con alrededor de 275 millones de dólares.
Ayer las ejecuciones continuaron al mismo ritmo: al medio día siete cuerpos ya habían sido recogido de calles y domicilios particulares, ultimados a balazos.
De hecho, cinco jóvenes fueron acribillados desde un automóvil mientras circulaban en el suyo. Al cerrarles el paso, fueron abatidos. Dos de ellos eran menores de edad.
Algunos miembros de la sociedad civil que participaron en el diseño de Todos somos Juárez, como Teresa Almada, directora de la organización Casa Promoción Juvenil, consideran que cualquier programa será insuficiente si no se detienen los asesinatos.
"Tiene que parar el enfrentamiento directo al crimen porque el daño social es mucho más alto", dijo Almada, quien atiende a alrededor de 3,000 niños huérfanos, víctimas de violencia familiar y ex pandilleros.
"Lo que queremos ahora es que no haya más ejecuciones, porque cuando hay un incendio primero se apaga el fuego y después se reconstruye. Eso queremos en Juárez y creo que en todo el país".
Acapulco, Juárez y Monterrey son tres de las ciudades más peleadas por los carteles mexicanos más sanguinarios; entre ellos, Los Zetas, La Familia Michoacana, el del Golfo y Sinaloa que han dejado en el país más de 35,000 muertos desde diciembre de 2006.
Diversos grupos políticos han solicitado al presidente Felipe Calderón que frene su política de enfrentamiento militarizado y policiaco, tomando en cuenta el número de asesinatos que han afectado la incertidumbre y el estrés de la población.
"Es inaceptable que el gobierno federal continúe dando el pésame a los familiares de los muertos, en lugar de reforzar la seguridad", criticó Hilda Ceballos, diputada por el opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI). "Algo está pasando, pero las cuentas no salen porque se está perdiendo lo principal: la paz".
Entre las víctimas se encuentran, además de delincuentes, policías, militares, civiles, alcaldes, candidatos a diputados y a gubernatura, así como el más reciente asesinato contra dos agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduana, (ICE), donde uno de ellos —Jaime Zapata— murió tras una emboscada de sicarios en una carretera en el estado de San Luis Potosí.
