MÉXICO, D.F.— En los últimos tres años, 35 mexicanos murieron por agresiones de agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, incluyendo la más reciente acusación de la policía del estado de Sonora por la muerte de Ramsés Barrón, de 17 años de edad, el miércoles pasado. Apenas un caso de encarcelamiento, sin embargo, ha sido registrado.
No hay sentencias porque el sistema policial estadounidense es juez y parte en la investigación, denuncia Enrique Morones, director de la organización Ángeles de la Frontera.
"Los agentes locales del lugar de las agresiones investigan a su vez a los agentes fronterizos, a pesar de las múltiples peticiones de que sean otras instancias las que realicen la investigación conjunta, como la Comisión de Derechos Humanos u organismos como Human Rights Watch", comenta.
El único caso que concluyó con una condena de 11 y 12 años de cárcel, respectivamente, fue de los ex agentes Ignacio Ramos y Alonso Compeán por haber disparado en 2005 contra el traficante de drogas Osvaldo Aldrete Dávila, cerca de la fronteriza ciudad de El Paso, Texas.
Sin embargo, la presión republicana en el Senado estadounidense logró la liberación de ambos policías en 2008, con base en los argumentos de que los funcionarios actuaron en defensa de su país, por lo que la pena era considerada un exceso.
Aun los casos más recientes en los que fueron asesinados en un lapso de 10 días dos mexicanos por policías fronterizos siguen en el misterio, a pesar de la evidencia que demuestra el uso desproporcionado de la fuerza y la condena del gobierno mexicano ante la brutalidad de las muertes.
En mayo pasado, Anastasio Hernández, de 32 años, murió a consecuencia de la golpiza a manos de patrulleros de la frontera en las inmediaciones de la garita Tijuana-San Isidro, momentos antes de ser deportado y tras residir durante más de 20 años en San Diego.
Una semana después, Sergio Adrián Hernández, de 14 años, falleció a manos de un agente en las inmediaciones del Puente Internacional Paso del Norte, de Ciudad Juárez, cuando jugaba en los límites fronterizos. El policía argumentó que era agredido con piedras.
A pesar de que un video demuestra que hubo uso desproporcionado de la fuerza, el caso continúa en revisión.
En ese contexto, las autoridades mexicanas reconocieron que la agresión de los agentes estadounidenses en la frontera han ido en incremento al pasar de cinco en 2008 a 12 en 2009 y a 17 en 2010, más la primera en 2011 en Sonora.
Kat Rodríguez, de la Coalición para los Derechos Humanos en Arizona, considera que los agentes fronterizos argumentan siempre recibir pedradas de los inmigrantes para justificar el uso de la fuerza letal y librar la cárcel.
"En los últimos siete años ha habido siete muertes de inmigrantes baleados por agentes y no han castigado a nadie", dijo en entrevista telefónica. "Es absurdo pensar que una persona que está huyendo y de espaldas le lance rocas a un policía armado".
Familiares de Anastasio lamentan que el caso de la muerte de uno de los suyos se haya rezagado en marañas burocráticas. María de la Luz Rojas, la madre, ha exigido al menos que se "tenga informada de los avances de las indagaciones", enviadas bajo complejos artilugios legales a un juzgado de Washington.
Para esta mujer, la apuesta tanto del gobierno de México como el de Estados Unidos es el olvido, ya que después de la condena oficial remitida desde la Presidencia mexicana, en la que se pedía castigar a los responsables "no ha habido nada más".
La ligereza para llevar los casos relacionados con los agentes acusados contrasta con las sentencias a inmigrantes indocumentados.
A principios diciembre, Jaime Martínez García, de 26 años, fue condenado a seis años de prisión por agredir a dos agentes de la Patrulla Fronteriza en Arizona cerca de la frontera con México en 2009.
Veinte días después, Carlos Parra recibió una condena a más de cinco años en una prisión federal de Estados Unidos por atacar a un agente cerca del pueblo de Eloy, en el centro de Arizona, luego que policías estatales detuvieron un coche en que era pasajero en la autopista interestatal 10 el primero de octubre de 2009, según reportaron las autoridades de Estados Unidos.
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