Al igual que sus vecinos de Bell y de otras ciudades con graves acusaciones de corrupción, el gobierno de Los Ángeles también se ha beneficiado del decomiso de vehículos, siendo los indocumentados quienes pagan por los platos rotos.
En una revisión de las estadísticas de la Asociación de Corralones Oficiales de la Policía de Los Ángeles (OPG), que agrupa a 18 empresas de grúas y almacenes de autos incautados, La Opinión detectó que este municipio recibió $18.6 millones por ese rubro en 2009, la cifra más alta de los últimos nueve años.
Tal cantidad se reunió por el decomiso de 148,850 vehículos, la mayoría (78,862) retenidos por el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).
Manejar sin licencia de conducir continuó como uno de los motivos principales para incautar un auto. Un dato interesante es que el año pasado cerró como el período en que menos unidades fueron enviadas a corralones desde 2002, pero los ganancias fueron mayores.
El aumento de ingresos en las arcas municipales, según se constató en la base de datos del OPG, se debió a incrementos en la tarifa de liberación de autos decomisados, que ayer, por decisión del pleno del Cabildo, subió de $100 a $115. El cambio se presenta un año después de que esa cuota pasó de $48 a $100.
"Es asombrosa la forma en que hasta las autoridades de Los Ángeles se aprovechan de la debilidad política de la comunidad inmigrante, para recuperar fondos sobre las espaldas de los que más ayuda necesitan y quienes menos beneficios reciben", reprochó Juan José Gutiérrez, coordinador de la Coalición por los Derechos Plenos de los Inmigrantes.
Dentro de la propuesta del cambio de tarifas, la Procuraduría Municipal afirma que cobrar más por devolver un vehículo "reembolsa a la ciudad los gastos relacionados con el decomiso".
Lo cierto es que a esa cuota se suma un pago de $109.50 por hora por el remolque de la unidad y otro de 33 dólares por cada día que permanezca en resguardo (30 días, según marca la ley), por lo cual se acumulan $1,214.50, sin considerar la multa por manejar sin licencia.
Sólo en lo obtenido por la tarifa para cubrir "gastos administrativos" de este Ayuntamiento se observó un brinco de $5.8 millones en 2008 a $10.4 millones el año pasado.
Hace nueve años, cuando se incautaron 154,440 vehículos, apenas se reunieron $3.5 millones. Las ganancias totales del municipio en ese apartado fueron de $8.5 millones en 2002, menos de la mitad de lo que se reunió hace un año.
"Vemos que esos decomisos se realizan especialmente en los barrios donde vive la comunidad inmigrante, la genta más necesitada, la que ha perdido trabajos", dijo Raúl Murillo, director de Hermandad Mexicana Nacional.
Los ingresos en la ciudad de Bell, en medio de una polémica por los exorbitantes salarios de sus funcionarios de alto nivel, sobrepasan los $2 millones por penalidades, multas y cargos por uso de grúa y almacenamiento vehicular, reportó La Opinión el mes pasado.
A mediados de 2007, el entonces procurador de Los Ángeles, Rocky Delgadillo, eliminó una moratoria de la Policía que permitía a los automovilistas recoger un auto incautado el mismo día y prolongó la estancia por un mes.
El LAPD, la segunda agencia del orden de Estados Unidos, no mantiene estadísticas sobre los motivos principales para decomisar un vehículos. Sin embargo, Rosario Herrera, vocera de esa corporación, indicó que las causas más comunes son no tener licencia de conducir, que esté suspendida o por efectuar un arresto.
Para Gutiérrez, "la inmensa mayoría" de los decomisos son a vehículos de personas que carecen de documentos legales, porque el estado de California les niega el derecho a portar una licencia de manejo desde 1993.
Se calcula que alrededor de 2.5 millones de personas manejan sin licencia de conducir en el Estado Dorado. Algunos lo hacen sin registrar la unidad ante el Departamentos de Vehículos de California (DMV), ni contar con un seguro contra accidentes.
"La necesidad económica de la ciudad no justifica la agresión a la comunidad indocumentada al confiscar el auto para que después tenga que pagar para recuperarlo", comentó. "Eso duele. En Los Ángeles no se debería prestar menos atención a estos incidentes".
La Comisión de Policía de Los Ángeles, encargada de regular las tarifas que cobran los corralones, no quiso emitir un comentario sobre este asunto. Mientras que Eric Rose, director ejecutivo de la Asociación de Corralones Oficiales, recalcó: "Nosotros sólo colectamos el dinero en nombre de la ciudad".
Gutiérrez insistió en que la única manera para evitar que los indocumentados continúen siendo la "minita de oro" de los gobiernos locales, es aprobar una reforma migratoria. "Con esto, de alguna manera se están financiando los déficit presupuestarios de la ciudad", señaló.
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