WASHINGTON, D.C.— El líder de la mayoría Harry Reid (D-NV) anunció ayer que introducirá el Dream Act como una enmienda al proyecto de defensa que se debatirá en el Senado. Agregó que espera tener resultados en este periodo de trabajo en el Congreso, que se extiende por sólo cuatro semanas.
"No podemos dejar pasar otro año sin hacer nada sobre la inmigración, por lo que seguiremos adelante ahora con el proyecto de ley DREAM como cuota inicial", declaró el senador.
El voto de cierre de debate para el proyecto de ley de defensa, no se daría antes del próximo martes. Sólo ahí tendría lugar la introducción de la enmienda y su consiguiente oportunidad de comenzar a debatirse.
Durante los últimos meses, varios legisladores y activistas han expresado sus aprehensiones respecto a que una discusión de este tipo afecte las posibilidades de tener una reforma migratoria amplia en el futuro.
Además, se han mostrado preocupados por las posibles consecuencias políticas que esto traería, como otras enmiendas relacionadas con un mayor control de seguridad, que afecten negativamente a la población indocumentada que no se beneficiaría con Dream Act.
De hecho, el lunes la congresista Grace Napolitano se mostró reticente al tema, en el panel de inmigración de la conferencia del Caucus Hispano. "Ustedes no se sientan en reuniones semanales donde se dice, si te vas por AgJobs no tendremos el apoyo necesario para el resto de la reforma. Si vamos con el Dream Act…. Lo mismo", aseguró.
"¿Quién nos va a apoyar para tener el resto de los votos que nos permitirán obtener una reforma migratoria? (Si se aprueba Dream Act). Esa es la gran pregunta para mí", dijo.
Reid comentó a La Opinión el lunes, que había hablado con algunos congresistas hispanos que sustentan la postura de avanzar en el Dream Act ahora. No obstante, el anuncio parece haber tomado a algunos por sorpresa, considerando que ayer por la tarde, el Caucus Hispano realizó una reunión para discutir el tema y se espera que hoy efectúen un anuncio al respecto.
Otro factor importante en la ecuación, es la postura que adopte la Administración en esta área. "El Presidente le da la bienvenida a esta oportunidad, y está deseoso de trabajar con el liderazgo de ambos partidos en el Congreso. No obstante, para arreglar el sistema quebrado de inmigración aún se necesita una reforma integral", dijo Luis Miranda, director de medios hispanos de la Casa Blanca.
Para que el Dream Act se concrete, necesita el apoyo de demócratas moderados y republicanos, a menos de dos meses de las elecciones. Una combinación extremadamente difícil de conseguir.
El líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell (R-Ky.), dijo momentos antes de que Reid hiciera el anuncio, que el proyecto de defensa incorporará medidas "no relacionadas a la legislación de defensa, que causarían polémica".
Fuentes del liderazgo republicano en el Senado se mostraron escépticas ante la noticia y la evaluaron como un "intento de ganar votos", en vez de ser un esfuerzo serio por alcanzar algo concreto.
Por otra parte, grupos hispanos y pro inmigrantes a nivel nacional respaldaron con fuerza el anuncio de Reid. "Creo que se enviaría una señal, a nuestra comunidad que podemos construir en base a esto, pensando en una reforma migratoria futura. Básicamente es un pago adelantado. Para nosotros sería una señal de buena fe, respecto a que el Congreso entiende que se tienen que dar algún tipo de paso", dijo la presidenta del Consejo Nacional de la Raza, Janet Murguía, horas antes del anuncio.
"El senador Lugar dijo que votará por esta legislación. Necesitamos poner a los legisladores "on record", ver una declaración abierta para ver quién está y quién no está con nosotros", agregó.
Dream Act fue reintroducido a principios de este año por el senador Richard Durbin (D-IL) y tiene como auspiciadores a 37 demócratas, además del senador republicano Richard Lugar (R-IN).
Autoriza al Departamento de Seguridad Interna a cancelar las órdenes de deportación y da la residencia permanente a jóvenes que hayan entrado a Estados Unidos antes de los 16 años y han estado en el país por los últimos 5 años, antes de la aprobación del proyecto.
Además, los beneficiados deben tener menos de 35 años al momento de la promulgación de la ley, entre otros requisitos. Se estima que afectaría a cerca de 2.1 millones de personas.
