Como José Salas no es dueño de casa, se siente contento de no ser uno de los miles de residentes de Bell que pagan uno de los impuestos a la propiedad más altos del condado.
Sin embargo, como no tiene licencia de conducir se siente frustrado de saber que es uno de los cientos de inmigrantes que han aportado más de medio millón de dólares de ganancia a la ciudad, sólo en concepto de "liberaciones" para recuperar los vehículos.
Por si eso fuera poco, asegura que también ha colaborado con los 1.5 millones de dólares que la ciudad ganó en 2009 por pago de multas de estacionamiento y violaciones al código vehicular, al dejar su carro estacionado en zonas restringidas.
"Es un robo el que están haciendo estos desgraciados malditos", expresó indignado al saber el monto que la ciudad obtuvo por "liberación de vehículos a conductores sin licencia": un total de 574,327 dólares.
"Osea que de ahí salió para pagar esos ‘sueldazos’ que se recetaron esos ladrones", agregó.
En una revisión a los registros públicos de la ciudad de Bell, La Opinión pudo constatar que las ganancias de Bell sobrepasan los dos millones de dólares, ya sea por penalidades, multas o incluso cargos por uso de grúa y almacenamiento vehicular.
Este ingreso no incluye el 10% de ganancias que la Compañía de Grúas de Bell obtiene de los conductores de vehículos incautados.
Esto contrasta con la acusación que hizo la Asociación de Policías de Bell el 20 de julio,de que el jefe de policía Randy Adams impuso una política de confiscación de automóviles, la cual obliga a los agentes a detener a la mayor cantidad de personas posibles, a fin de generar fondos para la ciudad.
Pero éste negó dichas acusaciones y aseguró que los sindicalizados simplemente estaban renuentes a los cambios estructurales que realiza en el Departamento de Policía.
El jefe Adams, que maneja un cuerpo policial de 37 agentes cobrando un sueldo de 457 mil dólares , es uno de los funcionarios que renunciaron a sus cargos luego de una fuerte presión ciudadana y un escándalo provocado por las compensaciones que recibían.
La controversia ha derivado en tres investigaciones independientes para determinar posibles irregularidades en la concesión del sueldo a Adams, del administrador, Roberto Rizzo, que llega casi a los 800 mil dólares anuales, y su asistente Angela Spaccia, con un salario de más de 375 mil dólares.
En una entrevista reciente con La Opinión, Curt Owen, un veterano de 23 años en el departamento y vicepresidente del sindicato, explicó que las razones de esta política eran precisamente para generar ingresos a las arcas de la ciudad.
"No estamos de acuerdo con la forma en que se nos han impuesto cuotas para levantar vehículos, principalmente de personas sin licencia", expresó Owen. "Hace ya años que nos comunicaron que era indispensable que realizáramos la mayor cantidad posible de decomisos y nos hacían ver claramente que nuestro trabajo estaba en juego, que si no se había, habría represalias", agregó.
El jefe Adams calificó de no tener fundamento las acusaciones de Owen.
"Completamente falso. Cuando yo vine aquí nunca ordené a nadie incautar carros ni ordené escribir más infracciones", subrayó Adams. "Pero parte de las funciones de los policías es hacer cumplir las leyes de tráfico, y si te atraviesas con un conductor sin licencia está requerido por la ley incautar su vehículo".
La ciudad de Bell es parte también de los receptores de fondos de la Oficina de Seguridad y Tráfico para realizar retenes y buscar conductores ebrios. En su caso, éstos se realizan mensualmente ocupando dinero estatal para tal efecto.
Y pese a que fue solicitado a través de Ley de Requisición de Records Públicos, la ciudad de Bell no dio información sobre la cantidad de personas arrestadas por manejar en estado de ebriedad o por simplemente manejar sin licencia, ni el número de vehículos incautados.
Sin embargo, según los registros de la ciudad, en el año fiscal 2002 tuvo un ingreso 1,135,881 dólares por concepto de citaciones de estacionamiento, fianzas de estacionamientos, multas y violaciones al código vehicular. En el año fiscal 2009 este ingreso había aumentado a 1,564,258 dólares.
Además percibió 469 mil dólares sólo por dar la carta de liberación de vehículos incautados a personas sin licencia en el año 2002, lo cual aumentó a 574,327 para el año fiscal 2009.
Este monto no incluye el pago de 95 dólares de remolque, ni los 25 dólares diarios de almacenamiento que la Compañía de Grúas de Bell cobra a cada conductor y cuyo 10% debe ser remitido a la ciudad.
En el caso de personas sin licencia, el almacenamiento puede durar 30 días; de no ser reclamado, su carro puede ser subastado en 45 días, dijo Ray Winn, dueño de esta compañía.
"Esta era una verdadera fuente de ingresos para la ciudad", dijo un alto funcionario de la Policía de Bell que pidió no se usara su nombre. "En realidad, se estaba victimizando a gente que se juró proteger. Se confiscaron miles de vehículos".
