Ayer a las diez de la mañana el entronque vial de las avenidas Wilshire y Highland se volvió un caos. Los automovilistas hacían sonar las bocinas, hasta que llegó la policía. Entonces el tránsito se cerró por completo y la protesta inició.
Cerca de 150 personas, integrantes de diversas organizaciones de Los Ángeles, realizaron el primer acto de desobediencia civil en esta ciudad tras la entrada en vigor de la ley SB 1070 en Arizona con algunas secciones bloqueadas por la decisión de una juez. A pesar de esta decisión, que fue calificada por las organizaciones como una victoria parcial, las protestas continuaron y quienes llegaron a este lugar lo hicieron sin miedo a hacer arrestados.
Sobre el pavimento de la intersección de las dos avenidas, un grupo de 10 personas se recostó formando un círculo con los brazos encadenados, uno con otro. Decenas más bloquearon el tránsito en todos los sentidos, ocasionando un caos vial que provocó el inmediato arribo de los agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).
Los manifestantes eligieron este punto porque justo en esa esquina, en un edificio de oficinas, se encuentra la sede de G4S Wackenhut, empresa de seguridad que opera los vehículos de transporte de las personas que son deportadas por el gobierno estadounidense. De acuerdo con la coalición Todos Somos Arizona, organizadora de este evento, las leyes antiinmigrantes favorecen a estas compañías para las cuales se destinan anualmente millones de dólares de los contribuyentes.
"Se benefician de las leyes como la SB 1070 en Arizona porque su negocio es explotar a los migrantes", comentó Nancy Meza, integrante de la coalición. Los manifestantes intentaron entregar un documento en el corporativo pero no fueron recibidos. La Opinión contactó telefónicamente a la compañía y al cierre de esta edición no se había recibido una respuesta de su parte.
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