SAN FRANCISCO.— Veinte arrestos, un ataque de epilepsia, exhortos al gobierno federal y a la presidenta del Congreso, Nancy Pelosi, para que apresuren la aprobación de una reforma migratoria, camionetas del ICE, bomberos en acción, nuevos cantos de protesta inspirados por el Mundial de futbol y todo en 90 minutos.
El escenario: el cruce de las calles 7 y Mission, frente a un edificio que alberga oficinas del gobierno federal.
"Estuvo bueno, ¿no?", fue el resumen honesto de Eric Quezada, director del Dolores Street Community Services (http://www.dscs.org/), al término de lo que fue, en realidad, inicio de dos días de movilizaciones en la Bahía para urgir por una reforma migratoria, el fin del programa Comunidades Seguras y, también, para celebrar el cese de algunas cláusulas de la ley SB1070 en Arizona."Estoy muy contento, el gobierno federal ha parado una ley racista; eso es fenomenal", comentó el abogado Francisco Ugarte, miembro de la Red Inmigrante, Educativa y Legal de San Francisco, al comentar la decisión de la jueza Susan Bolton de impedir, entre otras medidas contempladas en la SB1070, que la policía de Arizona inquiera sobre el estatus migratorio de quienes sean detenidos."Pero tenemos que continuar la lucha. Prevalece la amenaza de desaparecer las ciudades santuario en Arizona", agregó Ugarte. "También porque aquí en San Francisco está sucediendo algo similar, con el programa Comunidades Seguras. Y en sí, porque siguen las deportaciones".
Cuarenta minutos después, Ugarte era arrestado por la policía. Fue su decisión que así sucediera. Y con él, otras 19 personas, entre éstas Ana C. Pérez, directora del Centro de recursos centroamericanos (http://www.carecensf.org/en/); el padre Richard Smith, de la iglesia Episcopal San Juan Evangelista y una multitud adicional de sacerdotes y vicarias de otros cultos, todos miembros de CCISCO, Contra Costa Interfaith Supporting Community Organization (http://ccisco.org/).
