PHOENIX, Arizona.— La disputa legal de la ley Arizona dio su primer paso ayer, luego de que el gobierno del estado presentara una apelación ante la corte del Noveno Circuito de San Francisco, a fin de que se examine si la jueza Susan Bolton abusó de su discreción al bloquear cuatro enmiendas de dicha normativa.
La gobernadora Jan Brewer solicitó ayer por escrito que se descarguen argumentos legales entre agosto y septiembre para analizar la postura tomada por Bolton, quien la mañana del miércoles optó por aprobar la ley, pero bloqueando las medidas más polémicas, como la petición de que agentes locales tengan la autoridad de actuar como agentes federales de inmigración y preguntar sobre el estatus legal de las personas, sólo por parecer sospechosas de estar indocumentadas en el país.
Vea el especial: Ley SB1070
"Si el gobierno federal quiere estar a cargo de la inmigración ilegal y no quiere tener la ayuda de los estados, entonces tiene que hacer su trabajo. Arizona no tendría que enfrentarse a este problema si el gobierno federal respetara sus responsabilidades", expresó Brewer en un comunicado.
Si el Tribunal de Apelaciones confirma la resolución de la jueza, el estado de Arizona puede nuevamente apelar la decisión ante el Tribunal Supremo. Sin embargo, de ser así, el proceso iniciaría en octubre, cuando la Corte Suprema vuelva a reunirse, explicó el experto en inmigración, Carl Shusterman.
Como reflejo de esa contienda contra el tiempo, Brewer presentó su interposición legal a menos de 24 horas de que la corte del distrito emitiera su fallo.
Brewer espera deshacerse de lo que ella calificó como "una piedra en el camino" para que la ley que entró en vigor ayer se cumpliera en su totalidad.
"Creo que Arizona, como Estados Unidos, se rige por las leyes, leyes que confieren y exigen respeto a cambio. Nuestros contribuyentes no pueden sostener los gastos extravagantes de la inmigración ilegal. Como gobernadora del estado de Arizona tengo un juramento de proteger a los ciudadanos de este gran estado y, por tanto, no voy a retroceder".
Diversos activistas habían calificado el veredicto de Bolton como un triunfo parcial y un precedente para que este tipo de enmiendas no se genere en otras partes del país.
"No es una reacción que nos tome por sorpresa [la apelación de Brewer], en realidad ya lo veíamos venir y eso sólo nos confirma que tenemos que tener en cuenta que la lucha continúa. Esta pelea no es contra una ley, es contra las fuerzas del racismo", expresó Dan Furmansky, activista pro inmigrante.
El recurso legal presentado por Brewer busca que la corte de apelaciones comience el descargo de argumentos tan pronto como el 12 de agosto.
En defensa de su decisión, la jueza Bolton indicó que pedir a agentes del orden público que actúen como agentes federales de inmigración restringiría la libertad de los extranjeros.
Terry Goddard, procurador general de Arizona, apuntó que existen buenas posibilidades de que la corte de apelaciones certifique que la seguridad fronteriza es responsabilidad del gobierno federal y no de los estados.
Por su parte, el senador Russell Pearce, impulsor de la ley, recalcó en declaraciones a los medios que el estado ganará la pelea.
Por lo menos 18 estados están analizando la posibilidad de impulsar leyes similares a la SB1070. El resultado de esta primera contienda legal puede empujar la decisión.
PHOENIX, Arizona.— La disputa legal de la ley Arizona dio su primer paso ayer, luego de que el gobierno del estado presentara una apelación ante la corte del Noveno Circuito de San Francisco, a fin de que se examine si la jueza Susan Bolton abusó de su discreción al bloquear cuatro enmiendas de dicha normativa.
La gobernadora Jan Brewer solicitó ayer por escrito que se descarguen argumentos legales entre agosto y septiembre para analizar la postura tomada por Bolton, quien la mañana del miércoles optó por aprobar la ley, pero bloqueando las medidas más polémicas, como la petición de que agentes locales tengan la autoridad de actuar como agentes federales de inmigración y preguntar sobre el estatus legal de las personas, sólo por parecer sospechosas de estar indocumentadas en el país.
Vea el especial: Ley SB1070
"Si el gobierno federal quiere estar a cargo de la inmigración ilegal y no quiere tener la ayuda de los estados, entonces tiene que hacer su trabajo. Arizona no tendría que enfrentarse a este problema si el gobierno federal respetara sus responsabilidades", expresó Brewer en un comunicado.
Si el Tribunal de Apelaciones confirma la resolución de la jueza, el estado de Arizona puede nuevamente apelar la decisión ante el Tribunal Supremo. Sin embargo, de ser así, el proceso iniciaría en octubre, cuando la Corte Suprema vuelva a reunirse, explicó el experto en inmigración, Carl Shusterman.
Como reflejo de esa contienda contra el tiempo, Brewer presentó su interposición legal a menos de 24 horas de que la corte del distrito emitiera su fallo.
Brewer espera deshacerse de lo que ella calificó como "una piedra en el camino" para que la ley que entró en vigor ayer se cumpliera en su totalidad.
