Como una victoria parcial calificaron abogados y expertos en inmigración la suspensión de ciertas cláusulas de la ley SB 1070 anunciada ayer por la jueza Susan Bolton, debido a que aún está pendiente en la corte federal la resolución sobre la constitucionalidad de esta medida.
La decisión de Bolton elimina las secciones con el contenido más polémico, tales como el requerimiento de que los agentes de policía investiguen el estatus migratorio de los detenidos, la criminalización por solicitar empleo sin contar con los documentos adecuados y la facultad de las agencias policiacas para determinar qué individuos son sujetos de deportación; pero expertos coincidieron en que esto representa sólo un respiro en una lucha que está lejos de terminar.
"Mañana promete ser en Arizona un día mucho más brillante de lo que hubiéramos pensado hace 24 horas", dijo Tom Sáenz, presidente del Fondo Mexicoamericano para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF). "Pero aunque la de hoy es una gran victoria, debemos de tener en cuenta que cualquiera de las previsiones que aún estarán vigentes puede facilitar el abuso, por lo que nuestro trabajo para reivindicar completamente nuestros valores constitucionales debe continuar".
Una forma de crear esta continuidad, señalaron, es insistir en la completa anulación de la ley para evitar que el modelo se replique en otros estados.
"La decisión de la jueza demuestra que la SB 1070 es un esfuerzo anticonstitucional del estado para tomar control sobre el sistema de inmigración federal dentro de sus fronteras", dijo Nina Perales, consejera regional de MALDEF para el sureste. "Los estados de toda la nación deben darse cuenta de que cualquier esfuerzo similar que realicen no tiene posibilidades de éxito".
Meredith Brown, abogada de inmigración de la Barra de Abogados del condado de Los Ángeles, consideró positiva la suspensión de estas medidas, pero dijo que el riesgo de que ocurran abusos en contra de los inmigrantes aún se encuentra ahí.
"Si una persona está bloqueando el tráfico con empleados que están cargando un camión, por ejemplo, es probable que esto llame la atención de las autoridades, porque estos son los trabajadores que probablemente no tienen papeles, y hacia ellos se dirigen", explicó. "Existe una aplicación de la ley que a pesar de que esta medida en particular no haya entrado en vigor, está ocurriendo. Algunos sheriffs están enfocados únicamente en investigar el tráfico de seres humanos y ellos no bajarán su nivel de escrutinio".
Por su parte, Noemí Ramírez, también abogada de inmigración de la Barra de Abogados del condado de Los Ángeles, recordó que la suspensión registrada ayer es un primer paso, "pero aún está pendiente litigar el punto del caso, si realmente la ley es constitucional o no", comentó. "Era importante que se detuviera la ley y no se pusiera en efecto mientras no haya una resolución y es lo que se logró hoy, pero la litigación del caso en sí puede tomar meses e incluso más de un año".
Ramírez consideró que el hecho de que la jueza haya elegido ciertas partes de la ley para ser bloqueadas, es una señal de que con esos puntos se podría ganar el caso en contra de la SB 1070 por considerarse que son inconstitucionales.
Omar Jadwat, abogado del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), otra de las organizaciones que participaron en la presentación de una de las demandas contra Arizona, también consideró la suspensión un paso relevante en el sentido de que permitirá evitar el perfilamiento racial contra los latinos, y dijo confiar en que con este antecedente se detendrán los proyectos de ley similares en otros estados.
A este respecto Hannah August, portavoz del Departamento de Justicia (DOJ), consideró que el fallo de Bolton fue correcto "al prevenir que provisiones claves de la legislación entraran en efecto. Mientras entendemos la frustración de los habitantes de Arizona con el sistema migratorio actual, medidas estatales y locales parche serían contraproductivas", dijo August, mientras que Matt Chandler, portavoz del Departamento de Seguridad Interna (DHS), dijo que "la decisión de la corte reafirma correctamente la responsabilidad del gobierno federal para ejecutar las leyes de inmigración de nuestra nación".
Con información de Antonieta Cádiz
