Un grupo de integrantes de la organización Puente realiza una protesta frente a la alcaldía de Phoenix. Aurelia Ventura/La Opinión
PHOENIX, Arizona.— No tiene edad ni para conducir, pero la ansiedad que siente Lisette Zamudio es la de cualquier adulto indocumentado, pues no sabe si frente a la nueva ley SB1070 deberá confiar en la policía local de su escuela.
"¿Voy a poder entrar en mi salón sabiendo que es un ambiente seguro y que puedo llamarle a la policía si un incidente pasa o me van a pedirme mis papeles?", se pregunta la joven de 14 años, alumna indocumentada de la preparatoria North High, en el corazón de Phoenix.
Vea el especial: Ley SB1070
A un día de que tenga efecto la nueva ley que criminaliza el ser indocumentado, Zamudio fue parte de la caravana que se manifestó ayer frente a la alcaldía de la ciudad buscando respuesta a una simple suplica: "¿Podemos contar con ustedes?".
Los manifestantes solicitaron a la alcaldía de Phoenix que emita un fallo en el que exija al Departamento de Policía de esa ciudad que no acate la nueva ley.
"Aunque somos jóvenes, como miembros de la comunidad hispana también tenemos miedo. Si le llamamos a la policía por una emergencia, ¿qué? ¿Nos van a investigar también a nosotros? ¿Nos van a pedir nuestros papeles? ¿Nos van a deportar?", preguntó Orlando Arenas, estudiante y activista del grupo pro inmigrante Puente.
En medio de una selva de concreto que arde a casi 100 grados y a pocos pasos del Tribunal de Distrito donde la juez federal Susan Bolton escucha argumentos antes de emitir su posición frente a la ley, los estudiantes levantaron pancartas con mensajes como "Ya basta" y "Alto a la ley 1070".
En un memorando emitido por a la Universidad de Arizona, el presidente Robert Shelton escribió: "Ya hemos empezado a sentir un impacto de la SB1070. Las familias de un número considerable de estudiantes de otros estados nos han dicho que están cambiando sus planes y que van a enviar a sus hijos a universidades en otros estados. Esto entristece a todo aquel que se preocupa por atraer a los mejores y más brillantes estudiantes a Arizona", declaró.
El estado de Arizona es una de las entidades con más estudiantes indocumentados del país. De acuerdo con un reporte del Comité de Presupuesto Legislativo, a cerca de 5,000 estudiantes de Arizona se les ha negado la matrícula universitaria, la ayuda financiera y las clases de educación para adultos el año pasado por carecer de documentos legales.
"El alcalde Phil Gordon ha dicho que se opone a la ley, pero faltan horas para que se cumpla, y ni él ni el consejo han determinado si ordenarán a la policía de Phoenix que no acate la ley. No hay información, no han dicho nada", expresó Sergio Juárez, voluntario de Puente.
Los manifestantes fueron atendidos por un mensajero del alcalde, quien pidió paciencia a la comunidad y explicó que pronto emitirán las directrices para la aplicación de la nueva normativa migratoria en el estado.
Con base en la nueva ley los agentes de la policía tendrán la orden de cuestionar, detener y deportar a todo aquel sospechoso de estar indocumentado en el país, "incluidos los menores", según dicta la enmienda.
PHOENIX, Arizona.— No tiene edad ni para conducir, pero la ansiedad que siente Lisette Zamudio es la de cualquier adulto indocumentado, pues no sabe si frente a la nueva ley SB1070 deberá confiar en la policía local de su escuela.
"¿Voy a poder entrar en mi salón sabiendo que es un ambiente seguro y que puedo llamarle a la policía si un incidente pasa o me van a pedirme mis papeles?", se pregunta la joven de 14 años, alumna indocumentada de la preparatoria North High, en el corazón de Phoenix.
Vea el especial: Ley SB1070
A un día de que tenga efecto la nueva ley que criminaliza el ser indocumentado, Zamudio fue parte de la caravana que se manifestó ayer frente a la alcaldía de la ciudad buscando respuesta a una simple suplica: "¿Podemos contar con ustedes?".
Los manifestantes solicitaron a la alcaldía de Phoenix que emita un fallo en el que exija al Departamento de Policía de esa ciudad que no acate la nueva ley.
"Aunque somos jóvenes, como miembros de la comunidad hispana también tenemos miedo. Si le llamamos a la policía por una emergencia, ¿qué? ¿Nos van a investigar también a nosotros? ¿Nos van a pedir nuestros papeles? ¿Nos van a deportar?", preguntó Orlando Arenas, estudiante y activista del grupo pro inmigrante Puente.
En medio de una selva de concreto que arde a casi 100 grados y a pocos pasos del Tribunal de Distrito donde la juez federal Susan Bolton escucha argumentos antes de emitir su posición frente a la ley, los estudiantes levantaron pancartas con mensajes como "Ya basta" y "Alto a la ley 1070".
