MÉXICO, D.F.—"Hasta que las elites de empresarios y políticos que por años se han beneficiado de la delincuencia organizada vean a sus hijos masacrados a mansalva como les ocurrió a los niños de Ciudad Juárez, se combatirá seriamente al narcotráfico: interviniendo las cuentas de esos empresarios y esos políticos que lavan dinero".
Edgardo Buscaglia, analista del Instituto Tecnológico Autónomo de México y asesor en temas de seguridad de la ONU prevé así la falta de acciones contra los bolsillos del crimen organizado en el país que permiten acciones como la masacre de 16 estudiantes que festejaban la victoria de su equipo de fútbol americano en el estado de Chihuahua."El gobierno da palos de ciego en Juárez y en general pero no por ignorancia, sino por conveniencia política y económica", comenta sobre acciones en los tres niveles de gobierno después de los hechos.
El presidente Felipe Calderón concluyó que más de 4,000 soldados y 23,000 elementos de la Policía Federal no son suficientes para detener las matanzas en Ciudad Juárez y dijo que ahora la apuesta va por la educación, el deporte y la cultura de los jóvenes de la entidad, 30% de los cuales ni estudia ni trabaja y son blanco fácil de los carteles y las pandillas.
José Reyes Baeza, gobernador de Chihuahua, consideró que no puede dejar que se desangren solos los juarences y, en un arranque de solidaridad, anunció que en los próximos días trasladará la capital del estado de la ciudad de Chihuahua a Juárez para enfrentar hombro con hombro al narcotráfico que ha dejado en los últimos tres años 3,227 muertos.
Mantiene firme la decisión de la mudanza a pesar de la algarabía que desde la capital del país lanzaron diversos actores políticos: "Es inconstitucional", dijo el líder del oficialista Partido Acción Nacional (PAN); "Que desaparezcan los poderes en Chihuahua", pidió en un documento el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD).
El alcalde de Ciudad Juárez reconoció que el número de pandillas en la entidad (5,000, según la Procuraduría General de la República) rebasa la capacidad de las autoridades de combatirlas y que los muchachos se integran a ellas por hambre.
"La semana pasada detuvimos a 10 sicarios, resulta que uno de ellos dijo que ganaba 500 pesos (unos 38 dólares) a la semana y otro gana 1,000 (76 dólares) semanales", dijo en entrevista telefónica, donde sugirió que la entidad que gobierna debe ser tratada como si acabara de pasar un huracán.
"Hay un problema económico gigantesco, hay que darle a los juarenses la oportunidad de tener una fuente de empleo… eso es lo que hace falta", dijo
No obstante a los problemas económicos y la descomposición social que vive Ciudad Juárez – también se cuentan por cientos los feminicidios- los expertos señalan que los gobernantes no quieren confrontarse con las estructuras legales que sostienen al narcotráfico. De acuerdo con el investigador Buscaglia, el 40% del Producto Interno Bruto mexicano está relacionado con dinero procedente del crimen organizado desde 22 mercados, sea la construcción, la industria farmacéutica, inmobiliarias y hasta los fideicomisos.
"Los empresarios que han venido financiando campañas no quieren que se investiguen los vínculos entre las empresas y, por otro lado, los políticos también están contentos con ese sistema porque reciben dinero por debajo de la mesa", precisa.
"El gobierno sabe qué hay que hacer para combatir al crimen organizado porque están bien definidas las medidas en la Convención de las Naciones Unidas, una a una. En Colombia, por ejemplo, cuando empezó la verdadera limpieza se procesó al 32% de sus legisladores".
Mientras esto ocurre, una encuesta publicada recientemente por la encuestadora María de las Heras reveló que el 70% cree que "muy probable" que se repitan hechos similares a la masacre de muchachos de la semana pasada.
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