MÉXICO, D.F.— El caos y la confusión en la fronteriza Ciudad Juárez tras la masacre del pasado fin de semana, donde murieron 16 jóvenes, es de tal nivel que un grupo de policías vestidos de negro pudieron llevarse a cuatro muchachos que fueron testigos de los hechos sin previo aviso ni notificación del destino de éstos.
Los padres pensaron que eran delincuentes que secuestraban a sus chicos de entre 15 y 20 años de edad, pues los agentes del Ministerio Público iban en sendas camionetas sin placas y ni siquiera mostraron identificaciones, sólo ingresaron a las casas y obligaron a los jóvenes a abordar los vehículos.
"Los ‘levantaron’ [raptaron] y ya", lloraba ayer una madre ante las cámaras de televisión para denunciar los hechos que creía parte de las venganzas del comando que asesinó la madrugada del domingo a los estudiantes que celebraban una fiesta particular tras un partido de futbol. "Me voy a volver loca".
Sin embargo, horas más tarde, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) confirmó que fue su gente quien detuvo a los cuatro muchachos para que presentaran su "declaración" sobre la matanza.
Juan Manuel Alcántar Anguiano, Francisco Javier Perea García, Alejandro López y Juan Carlos Villalobos fueron devueltos a sus casas, igual que como fueron extraídos: sin mayores comentarios.
La policía local atribuye las muertes a la pandilla Los Aztecas, que trabaja para el cártel de Juárez y disputan con la banda Artistas Asesinos (AA) —del cártel de Sinaloa— zonas de control para el narcomenudeo y el trasiego de droga hacia El Paso, Texas.
Jaime Torres, vocero del Operativo Conjunto Chihuahua —donde partición policías estatales, federales y el Ejército— informó que cuentan ya con retratos hablados de seis de los 15 presuntos delincuentes que masacraron a los jóvenes; sin embargo, los familiares desconfían de las autoridades.
Ayer, mientras José Reyes, alcalde de la ciudad de 1.3 millones de habitantes, hacía un recorrido casa por casa para dar consuelo a los parientes de los jóvenes caídos, los vecinos cuestionaron la investigación y la probable responsabilidad de la única persona que ha sido detenida por el caso.
"Queremos a los verdaderos culpables", gritaba ante las cámaras de televisión Patricia Dávila, tía de los hermanos Marcos y Luis Piña Dávila, dos víctimas.
"Difunden eso porque quieren lavarse la mano, quieren hacernos creer que hacen su trabajo", dijo José Adrián Encinas, tío de otro de los jóvenes caídos.
Las contradicciones de las autoridades sobre la presunta culpabilidad o inocencia de los chicos que se encontraban en la fiesta donde ocurrió la matanza desconcertaron a la opinión pública juarense. "No sabemos ni qué pensar", dijo el periodista Lucio Soria. "Nunca había ocurrido algo así".
En una de sus primeras declaraciones, tanto el alcalde como Patricia González, procuradora de Justicia en la entidad, aseguraron que los muchachos eran inocentes, pero dos días más tarde dijeron que no estaban seguros y que seguirían investigando.
Finalmente ayer, Reyes informó que hay sospechas de que al menos uno de ellos podría estar involucrado con la delincuencia organizada porque en el teléfono celular del chico la Policía encontró una fotografía portando un arma larga, municiones y cargadores.
El presidente Felipe Calderón pidió a la sociedad participar en la prevención del trabajo de esparcimiento, deporte, educación y cultura para los jóvenes, para que "no caigan en las garras de adiciones o de la delincuencia" y descartó que sea únicamente con operativos armados como se detendrá la violencia en Juárez.
El mandatario mexicano declaró la guerra a los carteles de la droga en cuanto inició su administración en diciembre de 2006.
Desde entonces, la violencia se recrudeció hasta llegar al promedio de una persona ejecutada cada 48 minutos; de las cuales, el 80% suceden en Ciudad Juárez y la región aledaña: tan sólo en 2010 se contabilizan ahí 229 muertes. En 2009, hubo más de 2250.
El gobierno atribuye la violencia en la región a la disputa entre los cárteles del narcotráfico por controlar una de las puertas más importantes al primer consumidor mundial de drogas: Estados Unidos, con alrededor de 35 millones de consumidores.
Los barones de la droga se apoyan en pandillas regionales tanto para garantizar el cruce de los enervantes como para expandir el consumo local, tanto en el lado mexicano como Texas Arizona, California, Colorado, Illinois y Nuevo México.
Los Aztecas, el grupo criminal relacionado con la más reciente masacre, cuenta con al menos cinco mil jóvenes en sus filas, según reportes del FBI.
