WASHINGTON, D.C.— Las corporaciones carcelarias fueron los grandes propulsores de la ley SB1070, de acuerdo a una investigación realizada por la cadena de radio NPR. Un tema candente, cuando existen más de 25 localidades del país, con interés por implementar iniciativas similares.
El reportaje, realizado por Laura Sullivan, fue difundido ayer por la emisora. En él se incluyen, documentos, reuniones y varias entrevistas que delinean cómo la legislación llegó a ser promulgada.
El trabajo periodístico expone cómo el autor de la legislación, Rusell Pearce, presentó la propuesta a un grupo conservador en Washington -"American Legislative Exchange Council" (ALEC)-, antes que en el Capitolio de Arizona.
Los datos generales de esta organización destacan que "un tercio de los legisladores estatales del país" pertenecen a sus filas. Esto, junto a sus cerca de 2 mil miembros y 250 afiliados del sector privado. "ALEC les da una oportunidad única de trabajar juntos para desarrollar políticas y programas", dice su publicidad.
De acuerdo con NPR, ALEC organizó una reunión en diciembre donde Pearce expuso su propuesta, la cuál fue votada e incluso se le puso nombre: "Support Our Law Enforcement and Safe Neighborhoods Act". El mismo título utilizado por la gobernadora Jan Brewer, cuando promulgó la ley.
El reportaje revela la presencia de ejecutivos de la mayor compañía carcelaria del país - Correccional Corporation of America (CCA)- en la reunión. E indica cómo 30 de los 36 coauspiciadores de la ley recibieron donativos a sus campañas por cabilderos contratados por empresas de la industria.
Asimismo, exhibe declaraciones expresas de compañías del sector, donde se muestra el enfoque e interés de expandir el encarcelamiento de inmigrantes. "La mayoría de su crecimiento, ha sido con presos de inmigración. Es obvio que están buscando aumentar sus ingresos", explicó Paul Wright, editor de Prison Legal News.
Actualmente CCA es el proveedor carcelario más grande del país, en asociación con el gobierno federal, estatal y local, operando cerca de 60 centros, con más de 87 mil camas en 19 estados, además del Distrito de Columbia.
Sólo este año, líderes en la industria como CCA y Geo Group, han invertido cerca de 1.8 millones de dólares en cabildeo al Congreso y agencias de gobierno. Acá se incluyen el Departamento de Seguridad Interna, ICE, entre otros.
En el reportaje de NPR, CCA aseguró a través de una declaración que "nunca ha realizado cabildeo por leyes de inmigración". Pero en los documentos de registro -de acceso público-, sus cabilderos contratados especifican su trabajo, en áreas como las provisiones del proyecto de ley de defensa asociado a los centros de detención de ICE."Esto llama a cuestionar la motivación detrás de la detención de inmigrantes. Está claro que es ganar dinero. Podemos asumir que ellos son los que se beneficiarán de la expansión del sistema de control de seguridad migratorio. En Washington son increíblemente influyentes", enfatizó Ali Noorani, director ejecutivo de National Immigration Forum. De acuerdo al último reporte de Immigration Works USA, publicado este mes, legisladores en 25 estados han mostrado sus intenciones de replicar proyectos de ley como el de Arizona, a nivel local. "La pregunta ahora es después de las elecciones, cuántos continuarán con esto", resaltó el documento. Hasta el momento, 10 estados han considerado iniciativas similares y ninguna se ha llegado a promulgar."La forma en que opera ALEC es que se introducen legislaciones parecidas en diferentes estados. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo con SB1070. Siempre que veo propuestas que se replican; leyes casi idénticas en los estados, pienso que ALEC está involucrado, porque se especializan en eso", agregó Wright. A tan sólo cuatro días de las elecciones, diversos legisladores a lo largo del país han argumentado firmemente sobre la necesidad de leyes como la de Arizona. Un elemento que ha potenciado la retórica anti-inmigrante a nivel nacional.
