Marlon Caballero es uno de los pocos que han podido obtener una green card dentro del programa Special Immigrant Juvenile (SIJ), que se otorga a los niños que han sido abandonados, han sufrido abuso o que padecen de negligencia paterna y quedaron en custodia del gobierno.
Cuando tenía 8 años, su mamá lo abandonó en Honduras para irse a Guatemala. A su papá ni lo conoció. Entonces tuvo que vivir con desconocidos.
Al cumplir los 15, y siendo acosado por los pandilleros de la Mara Salvatrucha, Marlon decidió probar suerte y emprender la aventura hacia el norte.
Luego de cruzar el río Bravo y andar por las calles de Brownsville, Texas, Marlon fue detenido por agentes de policía y remitido a las autoridades de inmigración.
Como era menor de edad y no tenía con quién vivir, fue enviado a un centro de detención en Chicago y luego a foster care (casa de crianza) para dar inicio a un proceso de deportación.
Después, uno de sus tíos en California obtuvo la custodia física, y con la intervención de la organización Public Counsel se promovió el recurso de la tarjeta de residente a través de SIJ.
El despacho jurídico Fulbright & Jaworski L.L.P. tomó el caso pro bono y después de cinco años por fin la semana pasada Marlon obtuvo su residencia permanente.
"Estoy emocionado, es lo más feliz que pueda sentir uno, significa un nuevo camino", comentó el joven de 21 años que desea estudiar ingeniería en computación.
Su abogado, Juan José Redin, explicó que la SIJ es una clasificación especial para menores que han sido abandonados o sufrido abuso por parte de sus padres u otras personas y que están bajo la custodia del estado o de una corte juvenil.
"Hay varios requerimientos que se tienen que comprobar en la corte y no es muy común, pero lo bueno es que existe para niños que están en esa situación que es de las peores", dijo el abogado.
Las estadísticas avalan que lo dicho del abogado es cierto: durante el año fiscal de 2008 a 2009, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (CIS) recibió 698 peticiones de la visa I-380, que se refiere a la SIJ.
Y en los primeros tres meses del reciente año fiscal, es decir, de octubre a diciembre de 2009, sólo se registraron seis solicitudes.
Luz Irazabal, portavoz del CIS en Washington, explicó que se trata de procesos que requieren de mucha atención.
"Nosotros miramos cada solicitud con mucho detalle, porque la vida de las personas puede cambiar por la decisión que tomemos. Lo hacemos de una manera humanitaria, porque se trata de menores de edad que han tenido una vida difícil", comentó Irazabal.
Para el abogado Raúl Godínez, el beneficio del SIJ es muy poco conocido y las cifras otorgadas por el CIS son entristecedoras, ya que hay miles de niños que a diario cruzan la frontera de manera indocumentada porque en sus países de origen sufrieron muchas vejaciones.
"Es una cifra muy baja", comentó Godínez, "porque habría que ver cuántos niños se vienen solos. Yo diría que por cada uno que recibe la residencia hay cien que están en la misma situación, pero muy poca gente sabe de este proceso".
La Patrulla Fronteriza informó que tan sólo en el sector de San Diego en el año fiscal 2008-2009 fueron 118,721 personas las arrestadas al cruzar la frontera, pero no especificó cuántos de ellos eran menores de edad.
Para este abogado experto en inmigración existen tres situaciones por las cuales se procesan tan pocos casos: hay que realizar un proceso ante la corte estatal, y el abogado de inmigración no lo sabe; es necesario llevar a cabo un proceso ante la corte de inmigración, y el abogado civil no lo sabe; se trata de niños con escasos recursos que, aparte de que no saben del proceso, no tienen dinero para pagar un abogado.
En los últimos 10 años, recuerda Godínez, sólo ha presentado unos cinco o seis casos de este tipo, y ha sido a petición de casos pro bono que le ha solicitado Public Counsel.
Cuando un menor de edad es beneficiado con la residencia permanente a través del SIJ, no existe la posibilidad de que sus padres se beneficien con un estatus migratorio posteriormente, explicó el abogado, ya que no se podría favorecer a alguien que abusó o abandonó a sus hijos.
