Un grupo de trabajadores y activistas de Los Ángeles se manifestó ayer frente a las oficinas del edificio federal de esta ciudad para exigir al gobierno del presidente Barack Obama el cese de las auditorías conocidas como I-9 y de la aplicación del programa E-Verify, que verifican los permisos para trabajar en el país de los empleados de diversas compañías.
Decenas de trabajadores de las empresas American Apparel, Overhill Farms y Farmer John, que han sido afectadas por esta política, participaron en el mitin en el que se pidió el cese a los despidos masivos en un momento en el que la crisis económica ha puesto en aprietos a millones de familias trabajadoras en todo el país.
"Queremos resaltar nuevamente la importancia de parar la política antiinmigrante del presidente Obama, una política de auditar a los patrones que está generando despidos masivos sin que haya una reforma migratoria", dijo Nativo López, presidente de Hermandad Mexicana Latinoamericana, una de las organizaciones que forma parte de la Coalición de Inmigración del Sur de California, organizadora del evento. "Hay pura macana y nada de alivio para la gente".
López informó que el pasado viernes American Apparel logró una extensión de 30 días adicionales en el plazo para que sus empleados presenten los documentos que comprueban su permiso para trabajar en el país; el plazo original era de 30 días.
"Pero aún así la gente está solicitando más tiempo", explicó. "La situación migratoria es muy complicada y hay muchas formas en las que una persona puede comprobar su estancia legal sin que necesariamente esto implique una ruta corta a una residencia permanente. La gente tienen que consultar con sus abogados o con las organizaciones a las que pertenece para presentar su documentación a la compañía, y esto no se puede hacer ni en 30 ni en 60 días".
Con respecto a la situación de Overhill Farms, en donde cerca de 300 empleados fueron despedidos debido a que la empresa recibió un aviso bajo el programa de cartas de discrepancia de número de Seguro Social (No Match letters), López dijo que al ser desechado este programa por la propia administración para ser sustituido por el programa E-Verify, la premisa usada originalmente para el despido carece de validez.
"Se espera que para noviembre haya mediación y arbitraje para resolver estos casos; nos encontramos optimistas porque la compañía no podrá sostener los argumentos para el despido. Esta gente está pasando tiempos difíciles porque está sin trabajo, pero existe una buena posibilidad de que no sólo recuperen su empleo, sino los sueldos perdidos", comentó.
Un grupo de trabajadores y activistas de Los Ángeles se manifestó ayer frente a las oficinas del edificio federal de esta ciudad para exigir al gobierno del presidente Barack Obama el cese de las auditorías conocidas como I-9 y de la aplicación del programa E-Verify, que verifican los permisos para trabajar en el país de los empleados de diversas compañías.
Decenas de trabajadores de las empresas American Apparel, Overhill Farms y Farmer John, que han sido afectadas por esta política, participaron en el mitin en el que se pidió el cese a los despidos masivos en un momento en el que la crisis económica ha puesto en aprietos a millones de familias trabajadoras en todo el país.
"Queremos resaltar nuevamente la importancia de parar la política antiinmigrante del presidente Obama, una política de auditar a los patrones que está generando despidos masivos sin que haya una reforma migratoria", dijo Nativo López, presidente de Hermandad Mexicana Latinoamericana, una de las organizaciones que forma parte de la Coalición de Inmigración del Sur de California, organizadora del evento. "Hay pura macana y nada de alivio para la gente".
López informó que el pasado viernes American Apparel logró una extensión de 30 días adicionales en el plazo para que sus empleados presenten los documentos que comprueban su permiso para trabajar en el país; el plazo original era de 30 días.
"Pero aún así la gente está solicitando más tiempo", explicó. "La situación migratoria es muy complicada y hay muchas formas en las que una persona puede comprobar su estancia legal sin que necesariamente esto implique una ruta corta a una residencia permanente. La gente tienen que consultar con sus abogados o con las organizaciones a las que pertenece para presentar su documentación a la compañía, y esto no se puede hacer ni en 30 ni en 60 días".
