De acuerdo al estudio, una política que reduzca el número de trabajadores inmigrantes disminuiría el bienestar de las familias estadounidenses. Foto: Archivo
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WASHINGTON, D.C. — Un nuevo reporte difundido ayer por el centro de estudios Cato Institute concluyó enfáticamente que la ampliación de medidas de seguridad en la frontera y el descenso en el número de trabajadores inmigrantes no calificados tiene un impacto negativo para los hogares estadounidenses.

El trabajo titulado “¿Restricción o legalización? Midiendo los beneficios económicos de la reforma migratoria” será presentado formalmente hoy por sus autores, los académicos Peter Dixon y Maureen Rimmer, en el edificio Rayburn del Congreso.

El estudio utiliza el modelo económico USAGE (United States Applied General Equilibrium) desarrollado por la Comisión Internacional de Comercio de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés).

En este caso, USAGE evaluó el impacto en factores como ingresos y gastos públicos, empleo general de trabajadores en Estados Unidos, la cantidad de capital perteneciente a las familias del país y el nivel de precio de exportaciones e importaciones.

“¿Restricción o legalización?” aplicó siete simulaciones (escenarios diferentes) de USAGE para medir el impacto económico que diversos cambios en políticas relacionadas a los inmigrantes ilegales pueden generar.

En las dos primeras simulaciones las políticas restringían la inmigración ilegal con medidas como reforzamiento de seguridad en la frontera y a su vez aplicación de iniciativas a nivel interno en esta área.

Las otras cinco simulaciones consideraban políticas en que las inmigración ilegal era reemplazada por programas de visa.

Los resultados fueron categóricos. “Una política que reduce el número de trabajadores inmigrantes por 28.6% comparado con los niveles proyectados, disminuirá el bienestar de las familias estadounidenses en cerca de 0.5%, es decir 80 mil millones de dólares”, especificó el trabajo.

El reporte asume que la crisis económica actual será de corto alcance y en este sentido, considera un escenario en que el empleo de trabajadores ilegales aumentará de 7.3 millones en 2005 a 12.4 millones en 2019, es decir un crecimiento anual del 3.8%.