Washington/EFE — La OEA aprobó ayer una resolución en la que da su apoyo a Honduras para preservar y fortalecer las instituciones democráticas de ese país y acuerda el envío de una comisión especial que analice la situación y contribuya al diálogo.
Igualmente, la comunidad internacional hizo ayer un llamado al respeto tanto a la ley como a las instituciones democráticas en Honduras ante el pulso de poderes que vive el país, donde el Ejército se mantiene presente en sitios estratégicos de la capital tras la destitución de su jefe.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, el Mercosur y la Comunidad Europea se pronunciaron en este senti- do e hicieron llamamientos a solucionar de manera pacífica y mediante el diálo- go el conflicto desatado por la intención del presidente hondureño, Manuel Zelaya, de reformar la Constitución.
Ban manifestó su preocupación por la situación y pidió moderación a todas las partes para evitar una escalada de la crisis, a la vez que rechazó que fuese a enviar observadores a una consulta popular impulsada por el mandatario hondureño para este domingo y que ha sido el detonante de la crisis.
Con dicha convocatoria, Zelaya pretende conocer la opinión de la ciudadanía respecto a un eventual referendo sobre la instauración de una Asamblea Constituyente para reformar la Carta Magna, que sus críticos atribuyen a su intención de ser reelegido, algo que prohíbe la Constitución actual.
Esta iniciativa ha sido declarada ilegal por la justicia, por lo que el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Romeo Vásquez, se negó a que el Ejército diera apoyo logístico a la consulta y fue destituido por el presidente en una decisión que fue dejada sin efecto por la Corte Suprema.
Por su parte, el Mercado Común del Sur (Mercosur), formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, expresó “su pleno y decidido respaldo al orden insti- tucional de la República de Honduras”.
En un comunicado de la cancillería de Paraguay, que ejerce la presidencia semestral del bloque, éste hizo un llamamiento “a todas las fuerzas políticas y sociales para que contribuyan a la gobernabilidad democrática, mediante el establecimiento de un inmediato proceso de diálogo y concertación”.
Desde la Comisión Europea, su comisaria de Exteriores, Benita Ferrero-Waldner, también manifestó su “profunda preocupación” por la crisis política hondureña y pidió que todas las partes implicadas “mantengan la calma y respeten el Estado de derecho y el orden democrático del país”.
La Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA), a la que Honduras ingresó el año pasado de la mano de Zelaya, insistió ayer en que en Honduras se está gestando un golpe de Estado.
“Declaramos que nos movilizaremos” en apoyo del gobernante, dijeron los países del organismo, algunos de los cuales ya denunciaron ayer a nivel individual una amenaza golpista y expresaron su respaldo al mandatario hondureño.
A las muestras de solidaridad expresadas ayer a título individual por los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez; Bolivia, Evo Morales, y Nicaragua, Daniel Ortega, se sumó a última hora de anoche la del ex mandatario cubano Fidel Castro.
En uno de sus habituales artículos en la prensa oficial de Cuba, Castro aseguró que “Zelaya no ha cometido la menor violación de la ley. No realizó un acto de fuerza. Es el presidente y comandante general de las fuerzas armadas de Honduras”.
Distribuyen votos
Tegucigalpa/EFE — El Gobierno de Honduras inició ayer la distribución del material para celebrar el domingo una consulta popular sobre una reforma a la Constitución. El secretario privado del mandatario, Eduardo Enrique Reina, dijo a Efe que la distribución del material, incluidas las 15,000 urnas, comenzó con la participación de voluntarios, entre los que figuran “campesinos, trabajadores y otros sectores del pueblo hondureño”. En la consulta popular, organizada por el Instituto Nacional de Estadística, los hondureños dirán si quieren votar el 29 de noviembre, cuando se celebran elecciones generales en el país, a favor de una Asamblea Constituyente, según el mandatario. La Corte Suprema de Justicia, el Parlamento, el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas, entre otros organismos, han declarado “ilegal” la consulta.
