Inmigrantes indocumentados detenidos pasan frente a una agente en la cárcel del condado de Los Ángeles, en imagen de 2008. (FOTO: Ciro Cesar/La Opinión)
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Ayer, un día después de una decisión del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito —que debía cambiar la forma en que se procesa a los acusados de entrada ilegal al país en la corte federal de Tucson—, poca era la diferencia con el día anterior, señaló Heather Williams, defensora pública principal de ese distrito.

De nuevo, como cada día, 70 indocumentados estaban juntos en la sala del tribunal penal de Tucson, donde el magistrado informó a todos sobre sus derechos y luego les preguntó, en grupos de 10 en 10, si lo habían entendido. El taquígrafo de la corte registró un "Sí" generalizado. Luego, el juez llamó a cada uno y les pidió que dijeran si se declaraban culpables.

"Por el momento, no es mucho lo que ha cambiado", dijo Williams desde Tucson, en una entrevista telefónica. "Pasó apenas un día, veremos cuál es el efecto de la decisión del tribunal".

La abogada defensora se refería a un fallo de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco, con jurisdicción sobre los sistemas federales de 11 estados de la nación, que declaró ilegales las audiencias "masivas" en las cortes penales que se realizan desde hace dos años en Tucson.

En esas audiencias, entre 50 y 100 inmigrantes arrestados en la zona son procesados, no en los tribunales de inmigración para ser deportados, sino en los tribunales penales donde son acusados de delitos que van desde la entrada ilegal hasta el robo de identidad y fraude de documentos.

Es parte de la Operación Streamline, iniciada en 2005 por la Administración Bush, y continuada, hasta ahora, por la de Obama.