Las manifestaciones contra el golpe de Estado se han trasladado a la puerta del Congreso exigiendo la rápida restitución de Zelaya a la presidencia del país. Foto: EFE
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Tegucigalpa/EFE — La junta directiva del Congreso de Honduras decidió ayer solicitar a la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia su opinión sobre la eventual restitución del presidente depuesto, Manuel Zelaya, pero sigue sin convocar al pleno del Legislativo.

"La junta directiva del Congreso Nacional decidió que la Procuraduría, la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia brindaran su opinión con carácter urgente, pero sin dar un plazo", explicó el presidente alterno del Congreso, Erick Rodríguez, favorable al regreso de Zelaya.

El órgano directivo del Parlamento se reunió ayer, cuatro días después de haber recibido de las comisiones del mandatario derrocado y del presidente de facto, Roberto Micheletti, el Acuerdo Tegucigalpa-San José para que resuelva sobre el regreso de Zelaya al poder.

Tras más de dos horas de reunión y en medio de un gran secretismo, con impedimento incluido para que la prensa extranjera accediera a la sede del Legislativo, los seguidores de Zelaya en la junta informaron sobre la resolución adoptada.

Rodríguez y las vocales Argentina Valle y Carolina Echeverría, disidentes del Partido Liberal al que pertenecen tanto Zelaya como Micheletti, así como el grupo parlamentario del partido minoritario de izquierda Unificación Democrática consideraron esta decisión como una "maniobra dilatoria" de las autoridades golpistas.

Los tres liberales en la junta directiva explicaron que sus compañeros no aceptaron su argumento de que no procedía consultar a la Corte Suprema y que se debía convocar inmediatamente al pleno. Agregaron que también fue rechazada una solicitud para imponer un término de uno o dos días para recibir una respuesta de ese órgano.

Zelaya considera que, según el Acuerdo de Tegucigalpa-San José al que llegó la semana pasada con Michletti, el Congreso debe decidir sobre su restitución antes del jueves, cuando tiene que estar conformado un Gobierno de Unidad, aunque el de facto asegura que no existe ningún plazo para el Legislativo.