Miles de personas marcharon ayer para protestar contra el gobierno del presidente Daniel Ortega quien tiene proyectado presentarse a la reelección.(mario lopez/efe)
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Managua/EFE — Miles de opositores marcharon ayer en Managua "de forma no violenta, pero firme", para desafiar el poder del presidente, Daniel Ortega, horas antes de que comenzara otra marcha en apoyo al gobernante, bajo un fuerte dispositivo policial para evitar enfrentamientos.

La marcha opositora, que finalizó sin incidentes destacables, fue convocada por 18 organizaciones de la sociedad civil para protestar por la actitud del gobernante sandinista de acoso a la oposición y en contra del fallo judicial que permitirá a Ortega presentarse de nuevo a las elecciones, según sus organizadores.

A esta movilización contra las pretensiones de reelección del presidente Daniel Ortega se sumaron afiliados de cinco partidos y movimientos políticos opositores, que en su recorrido por Managua, de sur a norte, utilizaron petardos lanzados con morteros artesanales, a pesar de estar prohibidos.

La jefa de la Policía Nacional, Aminta Granera, supervisó junto a mandos de esa institución el desarrollo del plan de seguridad y protección establecido de antemano y declaró a la prensa que todo transcurrió "de acuerdo a lo planificado" para evitar enfrentamientos entre manifestantes de ambas partes.

Para esta marcha, la Policía desplegó 7.000 uniformados, entre ellos 3.560 para resguardar un radio de 1.600 kilómetros cuadrados en las principales carreteras del país, para garantizar la libre circulación de los vehículos utilizados por los participantes.

Dos organismos de derechos humanos no gubernamentales siguieron las marchas que simpatizantes del gobierno y opositores realizarán el sábado por separado en la capital nicaragüense.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CNIDH) y el Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) anunciaron en un comunicado conjunto que estuvieron “atentos y vigilantes de que se respete el derecho de los nicaragüenses a manifestarse pública y pacíficamente”. El CNIDH manifestó preocupación porque “en los últimos dos años, hemos comprobado que Ortega ha utilizado sus fuerzas partidarias, para impedir de hecho el ejercicio de los derechos civiles y políticos”.