Las acciones y las políticas de inmigración llevadas a cabo en los últimos años han menoscabado seriamente las protecciones laborales en el caso de los trabajadores inmigrantes, afirma un reporte que sera hecho público hoy.
Frecuentemente, alega la investigación, las acciones del ICE se produjeron después que los trabajadores de una fábrica habían logrado que les restituyeran los salarios que les querían escamotear.
Destaca el documento que hasta hace poco el país carecía de leyes que protegieran a los trabajadores de las plantas de procesamiento de aves, que el 50% de los jornaleros son víctimas del robo de sus jornales, y que, según un estudio llevado a cabo en 1996, el 50% de los contratistas de la industria de la costura infringían el codigo laboral.
La raíz del problema, afirma el documento, suscrito por la AFL-CIO, Derechos Estadounidenses en el Trabajo (ARW) y Proyecto Nacional de Leyes Laborales (NELP) es la aplicación unilateral de medidas policiales por parte del Estado, de lo que se han aprovechado numerosos empresarios para contar con una fuerza de trabajo temerosa de protestar y denunciar los abusos a que es sometida.
De acuerdo a dos análisis de la Oficina de Fiscalización del Gobierno (GAO) citados por el reporte, la vigilancia para hacer cumplir las normas de salario y horas laborales decayó marcadamente entre 1997 y 2007. En ese período, según la GAO, las inspecciones laborales pasaron de 47 mil a 30 mil.
Los autores del estudio plantean que una política sana pasa por recalibrar el balance entre acciones policiales y la tarea de hacer cumplir los estándares laborales, y la creación de mecanismos para que los patrones abusivos no cuenten con el recurso de llamar a los agentes de migración cuando sus empleados reclaman por sus derechos.
