"¿No puede dar los pagos de su casa? ¡No se preocupe!", afirma una voz en una estación de radio. "Nosotros le ayudamos a que baje su mensualidad", continúa. "Sólo llame al número telefónico...".
Así se promocionan algunos estafadores de préstamos hipotecarios, actividad ilícita que se ha hecho más común en la medida en que aumenta la tasa de embargos de vivienda.
Pare prevenir este delito, una coalición de agencias gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro e instituciones financieras lanzó ayer una campaña nacional de educación pública — a la cual se sumó la ciudad de Los Ángeles— que se enfoca en minorías y grupos vulnerables.
Denominada "Alerta de fraudes de modificación de préstamos hipotecarios", ayudará a que propietarios de vivienda encuentren asesoría adecuada, eviten ser víctimas de fraude y denuncien abusos.
"Los estafadores de modificaciones hipotecarias son una epidemia nacional, no debemos esperar a que más familias pierdan sus hogares para tomar acción", apuntó Eileen Fitzgerald, jefa de operaciones de NeighborWorks America.
Cifras de la Alcaldía indican que en los últimos dos años 28,000 hogares han sido embargados en esta ciudad. El Distrito 7, que abarca el Valle de San Fernando, ha sido uno de los más afectados.
"Tenemos que atender el problema porque se pronostica que habrán otros 4 millones de embargos [a nivel nacional]", alertó el concejal Richard Alarcón.
De acuerdo con la Comisión Federal de Comercio (FTC), de los miles de fraudes hipotecarios registrados en el estado, la mayoría se cometió en el Sur de California y sus víctimas fueron hispanos, afroamericanos, asiáticos y ancianos.
Este delito, precisó Tom Syta, director asistente de la región occidente de FTC, se ha convertido en una "gran preocupación" para el sistema judicial, que tiene en la mira a abogados, notaries públicos y agencias de bienes raíces.
