PHOENIX, Arizona (AP).— El alguacil del condado de Maricopa, Joe Arpaio, lanzó ayer una redada en busca de delincuentes e inmigrantes indocumentados en el área de Phoenix, menos de un día después de que el gobierno nacional limitara sus poderes para hacer arrestos en cumplimiento de leyes federales de inmigración.
El gobierno federal le retiró al polémico Arpaio el permiso para que 100 de sus agentes hicieran ese tipo de arrestos, aunque le renovó un acuerdo que permite que 60 funcionarios correccionales averigüen la condición migratoria de los detenidos.
Las redadas iniciadas ayer en sectores predominantemente latinos del área metropolitana generaron críticas de que los agentes de Arpaio se concentran en gente de ciertos grupos étnicos o raciales, una acusación que el alguacil ha negado.
Arpaio dice que sus agentes aún pueden detener a los inmigrantes indocumentados, siempre y cuando éstos sean entregados a las autoridades federales en uno o dos días.
En efecto, el Departamento de Seguridad Nacional completó acuerdos con 55 agencias estatales de seguridad para ayudar a arrestar y deportar inmigrantes ilegales, pero redujo los poderes de Arpaio, conocido por sus duras operaciones.
El alguacil del condado de Maricopa está siendo investigado por el Departamento de Justicia, luego de recibirse quejas de discriminación racial al momento de buscar sospechosos. Arpaio niega estas acusaciones.
Con la decisión del Departamento de Seguridad Interna (DHS), Arpaio y sus asistentes podrán revisar únicamente la situación migratoria de los presos.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) es el encargado del controvertido programa de cooperación estatal. El gobierno del presidente Barack Obama lo modificó después de que surgieran reclamos sobre abusos y aplicaciones incorrectas. Seis agencias se abstuvieron de renovar sus acuerdos después de los cambios.
Las autoridades migratorias sostienen que 12 acuerdos más aprobados por Seguridad Nacional están en espera de su visto bueno local y otros seis están en negociación.
PHOENIX, Arizona (AP).— El alguacil del condado de Maricopa, Joe Arpaio, lanzó ayer una redada en busca de delincuentes e inmigrantes indocumentados en el área de Phoenix, menos de un día después de que el gobierno nacional limitara sus poderes para hacer arrestos en cumplimiento de leyes federales de inmigración.
El gobierno federal le retiró al polémico Arpaio el permiso para que 100 de sus agentes hicieran ese tipo de arrestos, aunque le renovó un acuerdo que permite que 60 funcionarios correccionales averigüen la condición migratoria de los detenidos.
Las redadas iniciadas ayer en sectores predominantemente latinos del área metropolitana generaron críticas de que los agentes de Arpaio se concentran en gente de ciertos grupos étnicos o raciales, una acusación que el alguacil ha negado.
Arpaio dice que sus agentes aún pueden detener a los inmigrantes indocumentados, siempre y cuando éstos sean entregados a las autoridades federales en uno o dos días.
En efecto, el Departamento de Seguridad Nacional completó acuerdos con 55 agencias estatales de seguridad para ayudar a arrestar y deportar inmigrantes ilegales, pero redujo los poderes de Arpaio, conocido por sus duras operaciones.
El alguacil del condado de Maricopa está siendo investigado por el Departamento de Justicia, luego de recibirse quejas de discriminación racial al momento de buscar sospechosos. Arpaio niega estas acusaciones.
Con la decisión del Departamento de Seguridad Interna (DHS), Arpaio y sus asistentes podrán revisar únicamente la situación migratoria de los presos.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) es el encargado del controvertido programa de cooperación estatal. El gobierno del presidente Barack Obama lo modificó después de que surgieran reclamos sobre abusos y aplicaciones incorrectas. Seis agencias se abstuvieron de renovar sus acuerdos después de los cambios.
