SACRAMENTO.— Un día antes de que el gobierno estatal comenzara a enviar avisos a 133,000 ancianos y personas discapacitada, para notificarles que sus servicios serían reducidos o eliminados, una jueza federal ordenó detenerlos.
El pasado mes de julio, en el presupuesto 2009-10 se incluyeron recortes por $268.2 millones a los servicios de cuidado en el hogar (IHSS) a fin de reducir el déficit presupuestario.
En la práctica, esto significa cancelar totalmente los servicios a 36,000 beneficiarios y reducirlos a 97,000 más, a partir del 1 de noviembre.
Como respuesta, el 1 de octubre pasado, varios de los afectados y cuatro sindicatos que representan a los cuidadores de ancianos y discapacitados, y grupos en defensa de los beneficiarios de los servicios presentaron una demanda colectiva ante los tribunales federales para impedir que los recortes se hagan realidad.
Según los demandantes, los criterios para decidir a quiénes se restringen o eliminan lo servicios fueron arbitrarios y ponen en peligro la vida de las personas.
Esta semana, los demandantes ganaron una primera batalla legal al conseguir que la jueza federal Claudia Wilken de Oakland ordenara que los avisos se detuvieran.
No obstante, será este lunes cuando el tribunal decida si los avisos de los recortes deben ser detenidos por más tiempo mientras estudia la querella y toma una decisión.
"Estamos contentos que la jueza reconozca la urgencia de esta situación y que haya garantizado una orden de restricción temporal para detener las notificaciones", dijo Laphonza Butler, integrante del consejo del Sindicato Internacional de Trabajadores de los Servicios (SEIU).
Agregó que si los avisos se hubieran enviado antes del fallo del juez se hubiese creado un miedo y una confusión innecesaria entre las personas discapacitadas y ancianas que los recibirían.
