Han esperado décadas, pero la ilusión de vivir legalmente en este país podría retrasarse hasta 15 años más para aquellos hijos de inmigrantes que en el proceso de regularizar su estatus legal alcanzaron la mayoría de edad.
Un nuevo dictamen federal determinó que los hijos de inmigrantes que cumplieron los 21 años mientras esperaban sus tarjetas de residente permanente deberán iniciar una nueva solicitud, sin que se tome en cuenta el tiempo que ya llevaban en espera.
El fallo emitido por el juez federal James Selna, de Los Ángeles, afecta a más de 20 mil jóvenes cuyos casos actualmente se siguen en cortes de diversos estados; pero en un futuro cercano miles de inmigrantes más estarán atrapados en una situación similar, debido al retraso en la resolución de los casos, indicaron expertos.
En el pequeños cubículo donde pule uñas sintéticas, Norma Fernández lleva 10 años soñando con la aprobación de la solicitud migratoria para poder traer legalmente a sus dos hijos desde Filipinas.
En la espera por las tarjetas verdes, su hija mayor, Laura, quedó fuera del proceso porque en 2007 alcanzó la mayoría de edad.
"Siento que ya no puedo más y mis hijos me están presionando con que quieren estar conmigo. Me dicen que se vienen ilegalmente, que no les importa, pero a mí me da mucho miedo de que algo les pase. Los jueces deben tocarse el corazón; dicen que debemos venir legales, pero no dan alternativas", explicó Fernández.
Entre sus herramientas de manicurista, Fernández tiene consigo fotos de sus dos hijos. Carlos alcanzará la mayoría de edad en dos años y corre el riesgo de quedar fuera también del proceso migratorio.
"El abogado me dice que debo esperar, que las leyes cambian, que sea paciente, pero hay casos de padres que han muerto esperando volver a reunirse con sus hijos, y eso me aterra", explicó.
Miles de inmigrantes están atrapados en una situación similar y el panorama sólo parece empeorar, indican expertos.
Actualmente el tiempo de espera para padres que han pedido a sus hijos varía entre ocho y 17 años. Ciudadanos de Filipinas aguardan en promedio de 11 años en el proceso mientras que las personas de origen mexicano es de hasta los 17 años.
"Por años no emitieron ninguna resolución sobre el tema, lo ignoraron por completo y ahora un juez lo interpreta a su modo y dicta una fallo sin hacer una interpretación correcta de la ley. Es injusto", comentó a La Opinión el abogado en inmigración Carl Shusterman, quien encabezará una apelación contra el dictamen del juez Selna ante la corte del Noveno Circuito.
De revertise la orden, jóvenes hispanos como Iván Ochoa, que actualmente han quedado en un limbo migratorio, podrían tener nuevas esperanzas.
En 1997 su madre María Soto realizó los trámites para su residencia permanente, pero hace tres años cumplió 21 y su caso, bajo este nuevo fallo, quedó fuera del proceso.
"Todas las ilusiones de ‘mijo’ se vinieron abajo. Ya le habían dado permiso de trabajo y tenía muchas esperanzas, pero ahora resulta que hay que hacer todo de nuevo. Él siempre ha vivido en este país. Mis otros dos hijos pueden arreglar, pero a él me lo dejaron fuera por lo de la mayoría de edad", comentó Soto.
Abogados de inmigración argumentan que en 2002 se emitió una resolución que sostiene que la ley permite a los hijos adultos usar la fecha de los padres como punto de partida.
Pero ahora, con base en este nuevo veredicto, el gobierno resuelve que la ley de 2002 es válida sólo para hijos que desde el principio fueron patrocinados por sus padres como adultos.
Además sostiene que el Congreso aprobó la ley para ayudar a los actuales ciudadanos de EEUU y a sus residentes a reunirse con sus familias, no para ayudar a los futuros inmigrantes a que también ellos traigan a sus familias a este país.
"Estamos de acuerdo en que al cumplir la mayoría de edad los solicitantes dejan de ser niños para propósitos migratorios y deben comenzar un proceso nuevo, pero lo justo es que se les retenga la fecha de prioridad; es decir, la fecha en la que los padres sometieron la solicitud y no que la espera vuelva a empezar. Son jóvenes que estarían perdiendo 13 ó 14 años o más en nada", aseveró Emilio Amaya, director del centro de ayuda legal para migrantes en San Bernardino.
Pero grupos antiinmigrantes destacan que la separación familiar es una razón personal que toman los padres al emigrar a este país y no está en las manos del gobierno resolver esta cuestión.
"Lo que estos grupos quieren es que el sistema resuelva en su beneficio y así ellos ofrezcan promesas a sus clientes que no pueden ser reales", indicó Mark Krikorian, director del Centro de Estudios de Inmigración, que exige límites estrictos a los procesos migratorios.
Por su parte, defensores de los inmigrantes indican que es inhumano que el gobierno exija a las familias esperar tanto tiempo y que, además, este tipo de leyes desalienta la inmigración documentada.
Este mismo mes, el fallo del juez Selna será refutado por un grupo de abogados que llevarán el caso ante la corte de apelaciones del Noveno Circuito. El abogado Shusterman destacó que existen buenas posibilidades de que la decisión sea derogada.
"Hay muchas esperanzas y no sería la primera vez que la corte del Noveno Circuito vigile y elimine casos como éste, donde se da una interpretación errónea de la ley", indicó Shusterman.
"Estos jóvenes merecen tener un futuro tranquilo junto a sus padres y vamos a pelear por eso", recalcó.
