De "atentado contra la clase trabajadora" calificaron los sindicatos más importantes de Estados Unidos el plan de rescate financiero del gobierno federal, un paquete que, según estas organizaciones, ha enardecido a la clase obrera, por lo que ya se planean protestas.
"Nos quieren vender esta crisis financiera como la guerra de Irak, recurriendo al miedo de que las decisiones deben ser urgentes, si no vamos hacia una gran depresión. Y todo para qué: para que no tengamos tiempo de reaccionar y sólo beneficiar a los más ricos, que al fin de cuentas son los responsables de todo este desastre", dijo a La Opinión Eliseo Medina, vicepresidente del Sindicato Internacional de Empleados de Servicio (SEIU).
Por su parte, el Sindicato de los Obreros de la Construcción de Norteamérica (LIUNA), afirmó no estar en contra de un paquete de ayuda económica, siempre y cuando éste incluya asistencia económica a las familias y genere fuentes de empleo.
"Todos los sindicatos estamos en el mismo barco. No nos gusta la idea de utilizar fondos públicos, pero sabemos que es necesario. La diferencia es que los sindicatos estamos a favor de que este rescate se dé de una forma que impacte a la comunidad", dijo Jacob Hay, portavoz de LIUNA.
Ambos sindicatos solicitaron que se apruebe un paquete de estímulos por 350,000 millones que incluya extensión de beneficios de desempleo, fondos para estampillas de comida, ayuda a los estados y municipios para evitar recorte de servicios esenciales, así como invertir en proyectos de infraestructura que están en espera de fondos.
Especialistas en economía coincidieron en que esta situación de momento no ocasionará un efecto dominó ni el derrumbe de las finanzas de otros países, como sucedía antaño, sino que el impacto total será a escala nacional, ya que cualesquiera de las propuestas recaerá en los contribuyentes, cuyos fondos tributarios servirían para solventar estas medidas.
"Existe, por supuesto, una desaceleración económica en diversas partes del mundo, pero la catástrofe total será para los residentes de este país, cuando sus impuestos pasen a cubrir estos fondos. Pero sobre todo, en un futuro cercano, cuando el gobierno se vea en la necesidad de aumentar sus tasas de interés para amortiguar su inflación y esto afecte a los portadores de tarjetas de crédito y a otros productos de consumo a crédito a los que recurre la clase trabajadora", dijo Ahmed Ispahán, especialista en economía y finanzas públicas de la Universidad de La Verne.
Por su parte, Medina, el líder del SEIU, destacó que de acuerdo con estudios previos "esto le va a costar a cada familia alrededor de siete mil dólares, y el segundo problema que enfrentaremos es que no van a quedar fondos para salud pública, educación; es totalmente una desgracia.
Asimismo, congresistas de todo el país registraron ayer miles de llamadas de la comunidad, a la vez que se comenzaron a desarrollar las primeras protestas en oposición al llamado paquete de rescate económico.
En menos de ocho horas, las oficinas de la senadora de California, Dianne Feinstein, recibieron más de 40 mil llamadas y miles de correos electrónicos en rechazo a este proyecto, según Scott Gerber, portavoz de la edil.
"La senadora está estudiando las diversas propuestas, pero de momento no emitirá comentarios", dijo Gerber a La Opinión.
Medina detalló que de aprobarse la transferencia de 700,000 millones de dólares de los fondos federales para el rescate de asociaciones bancarias, el costo político para el gobierno republicano sería desastroso.
"No estarán mostrando a los votantes de qué lado están, y claramente nos están dejando ver que no es con el ciudadano común", dijo.
En ese sentido, el comité de pequeños negocios del Senado está pidiendo a Washington que si tiene para rescatar a la banca, debe también dar fondos a los pequeños negocios —que generan dos terceras partes de los empleos en EEUU—, ahora en apuros por falta de capital, para evitar despidos de trabajadores.
"Los contribuyentes están forzados a limpiar todo este desastre. Apoyo las opciones que está discutiendo ahora el Congreso, pero también creo que los pequeños negocios necesitan ayuda adicional", declaró el senador John Kerry a este diario.
Por su parte, la Cámara de Comercio de Estados Unidos urgió al Congreso a que actúe, dejando intereses de particulares y políticos.
"No deben cometerse errores y mucho menos utilizarse este fondo para intereses de algunos cuantos o para seguir buscando culpables", dijo Bruce Josten, portavoz de los comerciantes.
Pero mientras las sugerencias continúan analizándose en el Congreso, las primeras protestas nacionales ya se comenzaron a desarrollar desde el miércoles, cuando ciudadanos de Chicago protestaron frente a la Reserva Federal de ese estado. Unas 150 manifestaciones más han sido convocadas en todo el país, así como el envío de miles de mensajes electrónicos y llamadas a los congresistas.
Otras de las repercusiones que ocasionará esta crisis será la devaluación del dólar frente a otras economías, como la asiática y la europea, así como la criminalización de los inmigrantes, que dejaría de lado la posibilidad de una reforma migratoria, además de la restricción en el número de visas, opinó Paul Ong, profesor de demografía y economía de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).
"Hablando de impactos, la comunidad flotante, en este caso los inmigrantes, serán los más afectados", dijo.
La líder comunitaria Ángela Sanbrano coincidió en que es urgente la participación de la clase obrera para presionar al gobierno a que tome una decisión a favor de la clase trabajadora y no de los grandes corporativos.
"Históricamente hemos visto que cuando se está en depresión la tendencia son las redadas masivas y el deshacerse de la población inmigrante, así que si el Congreso no toma una decisión acertada en esta ocasión y nos lleva a una crisis aún más aguda, el destino de miles de inmigrante estaría en juego", dijo Sanbrano, presidenta de la Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas (NALACC)
