El sistema penitenciario de Estados Unidos representa un gasto anual de 213,000 millones de dólares, según un informe del Justice Policy Institute (JPI).
Ese millonario gasto, señala el JPI, se ha hecho a pesar de que casi dos terceras partes de la población consideran que se deben atacar las causas de la criminalidad desde sus raíces, en vez de enfocarse en los castigos carcelarios.
La cifra de los 213,000 millones de dólares de gasto anual en la industria carcelaria es casi 10 veces superior al presupuesto general del condado de Los Ángeles para 2009, que son 22,268 millones que se tienen destinados para gastar en salud, seguridad pública, asistencia social, etc.
El informe del JPI, denominado Moving Target: A Decade of Resistance to the Prison Industrial Complex, argumenta que el incremento de esos costos, que desde 1996 han subido en un 64%, se debe en parte a la criminalización del fenómeno migratorio.
Desde 1995 el número de presos en los centros de detención de inmigración ha aumentado en un 200%, indica el reporte.
Además, de 2000 a 2007 se han añadido 454 nuevas ofensas al código penal federal, mientras que el número de reos federales creció en el 32% en ese período.
El informe de este instituto critica el negocio que se ha creado mediante el encarcelamiento de personas, un sistema penitenciario que es conocido en el país como el Prison Industrial Complex (PIC), el cual refiere a los grupos empresariales que hacen de las cárceles una industria muy bien remunerada y que incluye a sindicatos de custodios, compañías constructoras, vendedores de tecnología para vigilancia, etc., a quienes se les considera más interesados en generar ganancias que en la rehabilitación de los internos o en reducir los índices de delincuencia.
El PIC o la industria del sistema penitenciario, señala el reporte, conlleva una relación entre el gobierno y los intereses privados de grupos que hacen del encarcelamiento la solución a los problemas sociales, políticos y económicos.
"Todo ese dinero, en vez de irse a las escuelas o a los hospitales, se está yendo a las prisiones… Esto nos dice que en vez de lidiar con los problemas sociales y llegar a la raíz, para atender la pobreza, ya que la gente necesita vivienda, empleo y salud, para así crear seguridad, el gobierno prefiere gastar en las prisiones y actuar de manera más punitiva", comentó Andrea Salinas, representante de Critical Resistance, una organización nacional que ha criticado desde hace 10 años esa postura de los gobiernos locales, estatales y federal.
Actualmente, señala el JPI, existen 7.4 millones de personas bajo el sistema de justicia criminal en Estados Unidos, de los cuales más de 2.3 millones están encarcelados y más de cinco millones están en libertad condicional.
Otro de los factores por los que ha aumentado el número de presos, dice el reporte, es la criminalización de la pobreza, de los desamparados y de los enfermos mentales.
"Para nosotros eso es controlar a la gente pobre, a los latinos, a los afroamericanos, en vez de ofrecer lo que necesitan para vivir con dignidad", comentó Salinas.
El estudio recalca que a pesar de que los latinos y los afroamericanos constituyen en conjunto sólo una tercera parte de la población, estos dos grupos representan casi dos terceras partes de los reos en todo el país.
