HOUSTON, Texas.— La alta probabilidad de que Texas ejecute mañana martes a un mexicano acusado de uno de los asesinatos más brutales de la ciudad de Houston en una generación, está haciendo de la sentencia de muerte una de las más controversiales en Texas, el estado que aplica la pena capital más activamente en Estados Unidos.
La ejecución del asesino convicto José Medellín, programada para la noche del martes en Huntsville, ha atraído la atención internacional.
La Corte Internacional de Justicia, también conocida como Corte Mundial, dijo que Medellín y aproximadamente 50 mexicanos más sentenciados a muerte en todo el país deberían tener otras audiencias en cortes de Estados Unidos para determinar si durante sus arrestos se violó un tratado de 1963.
Medellín, quien tiene ahora 33 años, es el primero de ellos que sería ejecutado. Los abogados de Medellín afirman que a su cliente se le negaron las protecciones de la Convención de Viena, las cuales señalan que las personas arrestadas deben poder contactar al consulado de su país.
"La palabra de Estados Unidos no debe ser rota tan a la ligera, ni debe comprometerse sin necesidad su posición en la comunidad internacional", dijeron los abogados de Medellín, quienes buscaron el indulto para su cliente en varios documentos presentados la semana pasada ante la Suprema Corte del país.
El presidente George W. Bush ha pedido a los estados que revisen sus casos, pero Texas se niega.
Los abogados de Medellín acudieron a la Suprema Corte luego de que el Tribunal Federal de Apelaciones de Texas, el máximo tribunal del estado en materia judicial, se negó a detener la ejecución con inyección letal. Los magistrados determinaron en marzo que ni el Presidente ni la Corte Internacional pueden presionar a Texas.
Los defensores de Medellín dicen que el Congreso o la Legislatura de Texas debían tener la oportunidad de aprobar una ley que ordene un juicio nuevo antes de que sea ejecutado.
"No hay duda de que si Texas ejecuta al señor Medellín en estas circunstancias, Texas ocasionaría que Estados Unidos viole irreparablemente convenios hechos a nombre de toda la nación y en consecuencia comprometiendo los intereses de EEUU que tanto esta Corte como el Presidente han descrito como apremiantes", señalaron los abogados de Medellín en su solicitud de indulto.
Si es ejecutado, Medellín se convertiría en el prisionero número 410 al que se le aplica la pena capital, por mucho, la cifra más alta en cualquier estado desde que Texas reanudó la pena capital en 1982. Al menos otros seis mexicanos están en ese total.
Medellín fue sentenciado en octubre de 1994. "Medellín y otras cinco personas violaron, pisaron, patearon, acuchillaron, estrangularon y causaron la muerte a dos muchachas adolescentes", dijo Allison Castle, una portavoz del gobernador Rick Perry.
"El gobernador no está sintiendo ninguna presión sobre esto. Él está considerando los hechos del delito".
Los hechos son horrorosos.
Medellín fue uno de seis adolescentes que fueron arrestados y acusados de la violación en grupo y homicidios de Elizabeth Peña, de 16 años, y Jennifer Ertman, de 14.
Las dos adolescentes de Houston, quienes regresaban de la casa de una amiga, tomaron un atajo a lo largo de algunas vías de tren y se toparon con un grupo de adolescentes que tomaban cerveza luego de iniciar a un miembro de la pandilla.
La evidencia mostró que las chicas fueron violadas en grupo durante más de una hora, luego fueron pateadas y golpeadas antes de ser estranguladas.
La sexta persona condenada fue el hermano de Medellín, Venancio, tenía 14 años cuando cometió el delito y está cumpliendo una condena de 40 años en prisión.
En el frenesí legal por salvar a Medellín, se está olvidando el hecho de que las dos chicas fueron asesinadas, dijo Randy Ertman, padre de una de las víctimas.
"No se trata de venganza. No se trata de disuasión o de dar por terminado el tema. Se trata del castigo", dijo Ertman. "Todos quieren que yo hable de cerrar el tema o de venganza. Nunca voy a dar por terminado el tema. Es una palabra milagrosa que nos haría sentir bien, pero no es algo que vaya a suceder".
México, que no tiene pena de muerte, inicialmente demandó a EEUU ante la Corte Internacional de Justicia en 2003. México y otros países que se oponen a la pena de muerte buscaron usar la Corte para luchar por los extranjeros que esperan ser ejecutados en EEUU.
"La ley es clara: Texas no está subordinada a la Corte Internacional de Justicia, sino a la Suprema Corte de EEUU, que revisó este asunto y determinó que se debe llevar adelante la ejecución de este asesino condenado", dijo Jerry Strickland, portavoz de la Procuraduría General de Texas.
