El enfoque de la Administración del presidente George W. Bush en aplicar cada vez con más severidad las leyes de inmigración no llega parejo a todos los sectores de la justicia migratoria.
De hecho, hay dinero para más agentes fronterizos, el doble de los que había en 1998, pero no para los jueces que procesan los casos de los migrantes: hoy hay menos magistrados que hace cinco años y éstos, además, tienen más casos que procesar.
El resultado, según grupos de derechos civiles, es un sistema que cada vez procesa más casos y dispensa menos justicia.
"Estamos muy preocupados porque creemos que la sobrecarga de trabajo, entre otros problemas, está afectando negativamente los procesos de inmigración", dijo Chrystal Williams, de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).
En 2006 el entonces secretario de Justicia, Alberto Gonzales, prometió mejorar el desempeño de los tribunales de inmigración —muy criticadas en aquel momento por los expertos y los propios tribunales de apelaciones—, contratando a nuevos jueces y asistentes, entre otras reformas.
La sobrecarga de trabajo de los jueces había llegado a tal punto, que sus decisiones erradas generaron un increíble aumento de las apelaciones a tribunales federales, y estudios revelaron tremendas disparidades e inconsistencias, por ejemplo, en el otorgamiento de asilo político.
Esto fue señalado hace un par de años por el juez del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, Carlos T. Bea, durante un discurso en el que dijo que "las opiniones [de los jueces de inmigración] no son tan detalladas como nos gustaría a los jueces de apelaciones… ¿cómo podrían serlo? Ellos no tienen tiempo de revisar todos los documentos".
Sin embargo, según un reporte independiente de TRAC, un servicio de análisis de datos de Syracuse University en Nueva York, los jueces de inmigración tienen, hoy en día, menos tiempo que hace 10 años para considerar cada caso y, de hecho, hay menos jueces que cuando Gonzales hizo el anuncio.
Los jueces de inmigración, que procesan una carga cada vez mayor de casos de asilo, deportaciones y otros procesos críticos, tienen cada vez menos tiempo para considerar los casos, según el reporte, unos 74 minutos por cada inmigrante.
Y no es que no haya dinero para invertir en la deportación de inmigrantes, pero la mayoría del dinero se ha ido en contratar a patrulleros fronterizos: en 10 años, el número de patrulleros se ha duplicado de 7,890 a 15,003.
Entre tanto, hoy hay ocho jueces menos que los que había cuando Gonzales prometió contratar a más de ellos y 28 posiciones (11%), estaban vacantes a principios de julio. En 2007 había 210 jueces, apenas un puñado más que los 202 que había en 1998 y menos de los 218 que había en 2003.
Buena parte del retraso en las contrataciones tiene que ver, según TRAC y según el inspector general del Departamento de Justicia, con la politización de los nombramientos por parte de altos funcionarios de ese departamento.
Hace unos días, el reporte del inspector general reveló que docenas de jueces de inmigración —que son puestos judiciales y de carrera— fueron designados por razones políticas, a dedazo de la Casa Blanca y de altos republicanos, y filtrados para asegurar que eran fieles al gobierno y buenos conservadores.
Según el reporte del inspector general, la mayoría de estos jueces "no están capacitados ni tienen antecedentes en temas de inmigración".
Esto complica aún más las cosas para los inmigrantes, ya que en los tribunales de inmigración no hay derecho a una representación legal y la mayoría de ellos aparecen en el tribunal sin representación legal.
Hace unos días, la Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU) instó al Departamento de Justicia a investigar el proceso ilegal por medio del cual se contrataron a esos jueces.
"El hecho de que la contratación fuese basada en intereses partidarios e ideología política genera dudas sobre la capacidad de ciertos jueces en ejercer juicios imparciales en casos de deportación", dijo Joanne Liln, abogada de ACLU, en un comunicado.
AILA ha ido más lejos, ha pedido que los jueces designados políticamente renuncien el próximo 20 de enero, cuando cambie el gobierno.
"Estamos haciendo un llamado a los jueces a que hagan lo correcto y renuncien, como hacen los designados políticos en cada gobierno", dijo Williams. "No fueron contratados como funcionarios de carrera pero, sin embargo, ahora se benefician de las leyes de servicio civil que acogen a éstos".
