WASHINGTON, D.C.— En un intento de recrudecer el combate a la inmigración indocumentada, el presidente George W. Bush giró una orden ejecutiva exigiendo que los contratistas empleados por el gobierno federal verifiquen con el sistema electrónico E-Verify si sus trabajadores están autorizados para trabajar legalmente en Estados Unidos.
La orden podría afectar potencialmente a millones de personas, según el gobierno.
Sin embargo, grupos pro inmigrantes y de derechos civiles argumentan que el sistema E-Verify está plagado de errores y afectará a millones de trabajadores que son ciudadanos estadounidenses o residentes legales. Asimismo, según la Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU), el sistema E-Verify aumentará la incidencia de robos de identidad.
"El gobierno federal tiene que dar el ejemplo y no sólo exhortar", indicó el titular del Departamento de Seguridad Interna (DHS), Michael Chertoff, al formular el anuncio en rueda de prensa junto al secretario de Comercio, Carlos Gutiérrez.
El presidente Bush firmó la orden el pasado viernes, aunque el anuncio oficial se hizo ayer.
Según la Administración, "los contratistas que empleen indocumentados no pueden seguir dependiendo de la continua disponibilidad y el servicio de esos trabajadores indocumentados".
La orden ejecutiva forma parte de una serie de iniciativas del gobierno federal para combatir la inmigración indocumentada, incluyendo el recrudecimiento de las redadas en los pasados meses y el avance en la construcción del muro fronterizo entre México y EU.
Estas medidas ocuparon el puesto de una reforma migratoria integral que fracasó en el Congreso y que es improbable que se considere de forma amplia en este año electoral.
Empero, hay intentos de mover diversas piezas legislativas de manera individual, una estrategia que no es favorecida por la bancada latina del Congreso, que considera que las medidas individuales reducen las posibilidades de que se considere una reforma amplia.
Asimismo, hay intentos de avanzar una medida demócrata, la SAVE Act, del congresista demócrata de North Carolina, Heath Shuler, enfocada en el sistema de verificación de identidad de trabajadores. Sus promotores, incluyendo muchos republicanos, intentan recabar las firmas requeridas para forzar al liderazgo demócrata a llevar la medida al pleno cameral.
Hoy martes hay una audiencia ante el Congreso, precisamente sobre el sistema E-Verify, que depende de los datos del Seguro Social y que grupos como ACLU denuncian que tiene errores que suponen que millones de trabajadores legales, incluyendo a ciudadanos de este país, tengan que probar que están autorizados para trabajar.
Se calcula que casi 13 millones de esos errores afectan a ciudadanos estadounidenses y tienen que ver con cosas tan sencillas como un nombre mal escrito.
Timothy Sparapani, asesor legislativo de ACLU, testificará hoy ante el Subcomité de Inmigración sobre los efectos del sistema E-Verify.
Ayer indicó que "el anuncio migratorio del Presidente impedirá que muchos estadounidenses elegibles puedan trabajar".
Además, agregó, "esta política aumentará, no disminuirá, la incidencia de robo de identidad".
"Esto no reducirá la inmigración [indocumentada], sino que, por el contrario, generará un enorme desorden y sufrimiento económico para los trabajadores pobres que perderán sus trabajos por los datos errados del gobierno o cuya identidad sea tomada por un indocumentado desesperado por trabajar", dijo Sparapani.
Según Michael Chertoff, el sistema provee resultados correctos en un 99.5% de las veces y los empleados que enfrenten problemas podrán solucionarlos en menos de dos días.
El secretario aseguró que se han tomado las medidas para corregir los problemas del sistema y que unos mil empleadores se enlistan cada semana.
