WASHINGTON, D.C.— Grupos pro inmigrantes y pro derechos civiles condenaron ayer los intentos de algunos legisladores, incluyendo demócratas, de ampliar el sistema de verificación electrónica de identidad de trabajadores (EEVS) basándose en datos del Seguro Social porque amenazará los empleos de millones de trabajadores y supondrá potencial discriminación particularmente contra hispanos ciudadanos y residentes legales.
Ayer el subcomité sobre Seguro Social del panel cameral de Medios y Arbitrios escuchó testimonio sobre el efecto del EEVS sobre un sistema de Seguridad Social que ya enfrenta severos rezagos al procesar peticiones de jubilación y de discapacidad.
Aunque muchos dudan que cualquier medida migratoria progrese en año electoral, el tema se mantiene sobre el tapete para molestia, especialmente, del liderazgo demócrata de la Cámara Baja que ha evadido un tema que fragmenta a su caucus entre quienes abogan por una reforma integral, como la bancada latina, y los demócratas que prefieren medidas enfocadas en la aplicación de leyes.
Al centro del debate está el proyecto SAVE Act (HR4088) del congresista demócrata de Carolina del Norte, Heath Shuler, que cuenta con apoyo bipartidista, incluyendo del congresista republicano de Colorado, Tom Tancredo. De hecho, la medida se conoce como Shuler-Tancredo.
El plan pretende que el actual EEVS, vigente desde 1996-97 de manera voluntaria (excepto en Arizona, que tiene su propia ley), sea obligatorio.
Shuler afirmó que los empleadores deshonestos son una de las principales causas "del rápido incremento de la inmigración indocumentada" y es preciso, agregó, que el EEVS, ahora un programa piloto, se amplíe antes de su expiración en noviembre.
Los promotores de la medida Shuler-Tancredo esperan recabar 217 firmas requeridas para obligar al liderazgo demócrata cameral a llevar la medida al pleno.
El plan ha recabado aproximadamente 180 firmas y además de republicanos, lo apoyan demócratas moderados y conservadores muchos de los cuales ganaron escaños en 2006 prometiendo mano dura en el frente migratorio.
Pero el proyecto ha enfrentado a esos demócratas con la bancada latina del Congreso que aboga por la reforma amplia y en el centro de la disputa está el liderazgo cameral demócrata.
El congresista demócrata de California, Xavier Becerra, es parte del liderazgo demócrata, de la bancada latina y del panel que condujo la audiencia.
Becerra declaró que se opone a medidas de verificación que se basen en un banco de datos plagado de errores, como el del Seguro Social; que no provean los fondos adecuados a esa agencia para realizar su labor sin retrasar todavía más las peticiones de jubilación y discapacidad; y que discrimine contra los hispanos y otras minorías.
"Favorecemos un sistema que no sea discriminatorio y que obviamente cuente con los fondos para su implementación", declaró Becerra. Nadie quiere un sistema de apartheid donde hispanos y otras minorías pierdan sus trabajos por los errores que podrían afectar a millones de ciudadanos y residentes legales, sostuvo.
"Para muchos quizás eso no constituye un problema, pero para mí sí lo es", indicó Becerra.
John Trasviña, presidente y asesor general del Fondo Mexicoamericano para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF), coincidió.
Además del plan Shuler-Tancredo, hay otra propuesta bipartidista similar, el HR5515, de los congresistas Sam Johnson y Gabrielle Giffords, republicano de Texas y demócrata de Arizona, respectivamente.
"Al centro de estos dos proyectos está la aplicación ampliada del EEVS, un sistema profundamente imperfecto que amenazaría los empleos de casi 13 millones de ciudadanos nacidos en Estados Unidos y aumentaría la discriminación contra los hispanos y otras minorías", indicó Trasviña.
Aunque existen leyes antidiscriminatorias, los errores del EEVS "tienen un efecto desproporcional sobre los ciudadanos naturalizados y a casi 10% se les indica inicialmente que no están autorizados para trabajar", declaró Trasviña.
Aunque el Congreso no actúe, el Departamento de Seguridad Interna (DHS) busca implementar la regla de las cartas de discrepancia entre nombres y números de Seguro Social de empleados que si no las aclaran en 90 días, podrían ser despedidos. Este sistema también se basa en el banco de datos del Seguro Social que según la Oficina del Inspector General tiene casi 18 millones de errores y 70% de ésos tienen que ver con ciudadanos nacidos en EU.






