MÉXICO, D.F.— Era de noche cuando el periodista Misael Sánchez abordaba el auto donde lo esperaba su esposa, en el patio de su casa. Giró la cabeza para encontrar la causa de los ruidos que provenían de la penumbra... y observó una silueta que le apuntaba con una pistola.
Se lanzó al piso y rodó. Sintió que las balas le perforaban la cara y las piernas mientras su esposa gritaba y lloraba impotente: su único hijo de 10 años se encontraba a sólo unos metros del lugar.
Después de balearlo, el malhechor huyó, dejando a Sánchez desangrado en su propia casa, en Santiago de Etla, cerca de la capital oaxaqueña, donde el reportero trabajaba para el periódico El Tiempo.
"Me salvé de milagro", cuenta el periodista entre tartamudeos, secuelas de la agresión: perdió 12 piezas dentales y aún vive con 12 esquirlas de plomo en la lengua.
Fue sometido a cinco cirugías, aquel 11 de julio de 2007; todavía cojea porque le duelen las pantorrillas intervenidas.
"Me queda claro que quisieron matarme por algo que escribí, pero no estoy seguro exactamente qué: publico cinco notas diarias y al menos una de ellas es de denuncia", relata.
Por esos días, descubrió que fue un segundo balazo —no uno solo, como sostuvo la versión oficial— el que acabó con la vida del camarógrafo de Indymedia, Brad Will, durante un enfrentamiento entre la policía estatal y opositores al gobernador Ulises Ruiz. También habló de la corrupción policiaca con el crimen organizado.
"Ya no vivo tranquilo, pero tengo que trabajar para vivir… así que no me queda de otra que cuidar mucho lo que digo", comenta.
Por su parte, el director de El Tiempo, Wenceslao Añorve, reconoce que ha censurado algunos temas: "Todos los periodistas en Oaxaca estamos en la mira del poder estatal o los policías o los caciques, y ahora ¡hasta del narcotráfico!, un problema reciente acá".
Oaxaca es zona de alto riesgo para los periodistas. Este año ya hubo dos asesinatos: Teresa Bautista Flores y Felícitas Martínez, trabajadoras de La Voz que Rompe el Silencio, una emisora de la comunidad indígena Triqui, que tuvo lugar en la localidad de Putla de Guerrero.
Y la lista nacional tiene una suerte similar: México figura siempre en los primeros sitios de riesgo para periodistas en los reportes de organizaciones mundiales.
Reporteros Sin Fronteras (RSF) revela que desde el año 2000 han muerto en el país 35 periodistas y desaparecieron otros siete. En 2006, ocupó el segundo lugar a nivel mundial, tras Irak, como el sitio más mortífero para comunicadores: hubo nueve asesinatos y tres desapariciones.
El Comité para la Protección de los Periodistas reveló el pasado 30 de abril que México ocupa el lugar número siete en índices de impunidad, superado sólo por Colombia, en Latinoamérica, y países africanos.
Jorge Chabat, analista del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), subraya que el Estado no tiene la capacidad para dar protección: "La estructura y las complicidades lo impiden. Los periodistas están en manos de cualquier poder que se sienta amenazado".
En enero pasado, Carlos Huerta, periodista del diario Norte de Ciudad Juárez, Chihuahua, se vio obligado a salir del país tras recibir amenazas de muerte.
Al día siguiente, la dirección del periódico informó que había decidido limitar al máximo la publicación de investigaciones sobre el tráfico de droga y atenerse a la información oficial sobre el tema.
Tabasco Hoy, publicación al sureste del país, hizo lo mismo el año pasado cuando el editor, Roberto Cuitláhuac Villar, recibió un paquete sospechoso, que resultó ser una heladera que contenía una cabeza cortada.
"Claro que estoy acobardado, ¡quién no estaría!", acepta Villar. Días antes había autorizado la publicación de un reportaje sobre las bandas que controlan el narcomenudeo en Villahermosa, capital de Tabasco. El autor, Rodolfo Rincón, desapareció el 20 de enero, al día siguiente de la publicación del artículo.
"Mateo Díaz, líder local de los Zetas —sicarios del cartel del Golfo— llegó para operar el tránsito de droga en la zona del sureste y luego inició por su cuenta la venta de droga en todas las colonias de Villahermosa, eliminó a sus bandas rivales y se apoderó del narcomenudeo", describe Villar.
Revelar esto costó la desaparición del autor y en consecuencia en el diario no se ha vuelto a hablar sobre los Zetas.
Ramón Cantú, director ejecutivo del diario El Mañana, de Nuevo Laredo, Tamaulipas, lamenta que desde hace tres años —después de que un par de sicarios incursionaron en la sala de redacción, lanzaron una granada y dispararon a diestra y siniestra con fusiles AK- 47— los reporteros estén limitados para investigar las causas de los asesinatos en la zona.
"Ya no investigamos cuáles fueron los móviles, los carteles que intervinieron, rencillas, nombres… sólo informamos de hechos que van a interiores, nunca en primera plana", puntualiza.
Y asevera: "La vida es más importante: ya murió uno de nuestros redactores y un reportero quedó parapléjico por el ataque; además, Nuevo Laredo es más que narcotráfico".
En febrero de 2006, el gobierno federal creó una fiscalía para atender los delitos contra periodistas; hasta la fecha no ha esclarecido ningún caso.
Algunos medios como el Semanario Zeta, de Tijuana —cuyo fundador, el ya fallecido Jesús Blancornelas sufrió un atento por parte de gatilleros del cartel de los Arellano Félix— intentan reducir los riesgos de meterse con la delincuencia organizada.
"Consultamos los temas con abogados y los datos los corroboramos hasta con cuatro fuentes: si alguna contradice a la otra no publicamos el reportaje… por lo demás, no nos detenemos, la información fluye", asegura René Blanco, de 36 años, actual director de Zeta, hijo del fundador.
¿Temes alguna agresión?
No. Ya estoy acostumbrado desde que mi padre tenía que andar con guardaespaldas. Yo ahora voy solo, igual que mis compañeros, saco cuentas de que si quisieran matarme ya lo habrían hecho… ¿qué más puedo hacer?
