SAN BERNARDINO.— Todos los días y debido a la superpoblación que impera en el sistema carcelario del condado de San Bernardino, un promedio de 117 prisioneros de "bajo riesgo" son puestos en libertad, decisión que, según las propias autoridades, pone en riesgo la seguridad pública de cientos de miles de habitantes.
Y es que según un reporte revelado por Justice Policy Institute (JPI), el sistema carcelario de la región es uno de los más superpoblados en la nación con un total de 5,533 prisioneros registrados en 2006, muy por encima del condado vecino de Riverside, cuyo sistema albergó a 3,264 prisioneros durante el mismo año.
Según reportes oficiales, el sistema carcelario que fue diseñado para albergar a 5,945 reos, registra anualmente a más de 100 mil prisioneros. Tan sólo por los pasillos del Centro de Detenciones West Valley, de Rancho Cucamonga, que cuenta con 3,291 camas, caminaron más de 61 mil detenidos en 2007.
Arden Wiltshire, portavoz del Departamento del Sheriff del condado, aseguró que muchos de los detenidos fueron puestos en libertad prematuramente "por no contar con espacio suficiente en su debido momento".
"Nos preocupa, ya que no tenemos control sobre las acciones del individuo después de abandonar la cárcel; el comportamiento tal vez nunca cambie o tal vez empeore", agregó Wiltshire.
Con el propósito de proteger a la comunidad y para aliviar la superpoblación, la Junta de Supervisores aprobó el martes pasado una medida que coloca a los delincuentes que cometieron delitos menores en arresto domiciliario.
"Es necesario implementar un programa que nos permita atacar ambos problemas, no podemos permitir que los delincuentes salgan a las calles sin que nadie los vigile", comentó Paul Biane, presidente de la junta. "Nuestro mayor objetivo es proteger a la comunidad y eso estamos haciendo".
Dependiendo de la jurisdicción, algunas infracciones tales como prostitución, intoxicación en la vía pública, agresión personal, conducta inapropiada, invasión de privacidad y vandalismo, podrían ser considerados delitos menores.
De acuerdo con la ley federal, estos delitos podrían ser castigados con hasta 12 meses en una cárcel municipal; sin embargo, en San Bernardino la mayoría de los detenidos reciben castigos que van desde sentencias de varios días, incluso horas, hasta servicios comunitarios durante los fines de semana.
A partir de la nueva medida, los prisioneros tendrán que portar un brazalete o artefacto de rastreo que será costeado por ellos mismos. Al momento de violar las condiciones establecidas, los prisioneros regresarían a la cárcel y encararían sentencias aun mayores, dijeron las autoridades.
Para aliviar el problema de la superpoblación, las autoridades planean, ante severas oposiciones, expandir las instalaciones del centro de rehabilitación Glen Helen, de la ciudad de Devore, con 500 camas extras.
Otra medida aprobada durante la reunión semanal de la junta exige al gobierno federal el reembolso monetario al sistema carcelario por el dinero invertido en presos que se encuentran en el país en calidad de indocumentados.
Según Brad Mitzelfelt, supervisor del Distrito 1, el año pasado el sistema albergó a más de cuatro mil presos indocumentados, lo que le costó a la comunidad más de 24 millones de dólares.
"Los contribuyentes no deberían saldar esta deuda, es deber del gobierno federal. Es un insulto para nosotros que el gobierno solamente nos reembolse el 2% de lo invertido anualmente, exigimos el reembolso total", comentó Mitzelfelt.
En la región, solamente el centro de detenciones West Valley participa en un programa que le permite a las autoridades municipales entregar a los reos indocumentados a las autoridades migratorias.
Según cifras, de enero de 2006 a agosto de 2007 el condado reportó un total de 3,360 prisioneros a la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Con base en el programa federal conocido como State Criminal Alien Assistance Programa (SCAAP), las cárceles municipales de la nación deberían recibir reembolsos netos por las cantidades invertidas en reos indocumentados. Sin embargo, y según Mitzelfelt, el condado de San Bernardino recibió el año pasado poco más de 590 mil dólares.
Según JPI, en 2004 los gobiernos locales de la nación invirtieron más de 97 mil millones de dólares en los sistemas carcelarios, 3.5 veces más que el dinero invertido en educación superior y 11 veces más que la cantidad invertida en bibliotecas.
Localmente, el gobierno del condado de San Bernardino destinó más de 264 millones de dólares al sector judicial durante el presupuesto fiscal 2006-2007, seis veces más que la cantidad destinada al sector de servicios públicos y casi 19 veces más que el dinero asignado al Departamento de Asistencia para Vivienda.
