Empleados de la construcción realizan sus actividades en lo que fue el hotel Ambassador, donde se edifica un centro educativo. (FOTO: J. Emilio Flores/La Opinión)
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El tesorero Bill Lockyer consideró la decisión como lamentable, pero a la vez responsable, pues dijo que el estado no puede gastar lo que no tiene.

"La gente todavía espera que sus líderes electos los rescaten del fuego, detengan el incendio y reconstruyan la casa con cimientos sólidos y duraderos. Mientras esto no pase, el trabajo de infraestructura tan vital para la recuperación de la economía seguirá paralizado", observó Lockyer.

El contralor John Chiang dijo que votó a favor de lo que llamó una medida dolorosa a causa de que el tesorero no puede tener acceso al mercado de crédito para vender los bonos.

"Con base en sus cálculos, estos proyectos necesitan más de 600 millones por mes, fondos que se necesitan para cumplir obligaciones como la educación y repagar el servicio de la deuda", expuso.

El gobernador Arnold Schwarzenegger manifestó a través de un comunicado que es escandaloso que republicanos y demócratas continúen jugando a la política cuando decenas de miles de californianos trabajadores enfrentan la posibilidad de ser despedidos durante las fiestas decembrinas.

"Los californianos ya han visto suficiente política y posturas ideológicas de parte de los legisladores; es tiempo que negocien y alcance un compromiso", subrayó.

Los republicanos no emitieron comentarios sobre la paralización de las obras públicas.

De acuerdo con Guy Mechula, jefe de instalaciones del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), esperan 830 millones de dólares del estado para no ver comprometidos sus proyectos de construcción y reparaciones de planteles.

En caso de no recibir ese dinero en los próximos meses, el distrito escolar se vería forzado a vender bonos para conseguir dinero que le permita continuar con los proyectos programados y no tener impacto en los trabajos de construcción ya contratados.