MÉXICO, D.F.— El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna, y el responsable de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, se encuentran en el ojo de un huracán de acusaciones en contra de funcionarios involucrados con el cartel de Sinaloa, que logró infiltrarse hasta los niveles más altos de gobierno.
Cinco de los más cercanos colaboradores de García Luna —incluyendo su secretario particular, Arturo Velarde— son investigados por colaborar con la organización criminal como si fueran su brazo oficial, proporcionando información clave a cambio de pagos mensuales que rondaban el medio millón de dólares.
Velarde presentó sus declaraciones el pasado lunes ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada (SIEDO), señalado por un testigo protegido con nombre clave "Felipe", quien afirmó que le dio 4,000 dólares por la entrega de información.
El ex secretario de García Luna y otros colaboradores de éste, como el director y subdirector de Interpol México, Ricardo Gutiérrez Vargas, y Rodolfo de la Guardia, respectivamente, están involucrados con los hermanos Beltrán Leyva, una célula recientemente separada del cartel del Pacífico (o también llamado de Sinaloa).
De igual forma, el ex director adjunto de la SIEDO, Fernando Rivera, y el ex coordinador de Servicios Técnicos, Miguel Colorado, quienes son procesados por delincuencia organizada y contra la salud en su modalidad de fomento al narcotráfico.
Entre las personas cercanas al procurador Medina Mora, se encuentran involucrados el ex comisionado de la Policía Federal Preventiva (PFP), Gerardo Garay, y su subordinado Édgar Bayardo, así como el ex zar antidrogas, Noé Rodríguez Mandujano, acusado de recibir por parte del grupo de los Zambada 450,000 dólares mensuales.
Las imputaciones contra estos personajes cercanos a los mandamás de la seguridad despertó suspicacias. Legisladores de oposición exigieron al presidente Felipe Calderón una investigación profunda a los miembros de su gabinete.
Cuestionado sobre el tema, Calderón defendió en principio a García Luna: "Si hubiera alguna duda de su probidad, seguramente no sería secretario de Seguridad Publica", dijo en el Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC), celebrado en Perú el pasado 24 de noviembre.
En contraste, en un texto enviado al Senado en el marco de su segundo informe de gobierno, Calderón reconoció que casi la mitad del total de los policías mexicanos "no son recomendables". A tal conclusión se llegó con base en cuatro evaluaciones realizadas a más de 56,000 uniformados de las diversas corporaciones.
Ante estos niveles de desconfianza y como una acción paralela a la Operación Limpieza —que arrancó el 26 de octubre— fueron bloquedos los puertos para USB, discos compactos e impresoras en las computadoras de SIEDO, a fin de evitar fuga de información de los expedientes a los que tienen acceso.
Expertos en el tema de seguridad nacional celebran este tipo de acciones, así como las detenciones de altos mandos policiacos; sin embargo, coinciden en que deberían también ser investigados tanto el secretario de Seguridad Pública como el procurador General de la República.
"En tanto se aclara su situación, el presidente debería relevarlos sin reserva y darle a otros personajes la posibilidad de tomar esos cargos y limpiar la imagen de las dependencias", señala el investigador Pedro Isnardo de la Cruz, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
"Debe demostrar a la sociedad que hay una reestructura de verdad; de lo contrario, sólo dará la impresión de que la limpieza es meramente simbólica, política y mediática".
José Fernández Santillán, analista del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), señala que la principal preocupación para la opinión pública es que las acciones de limpieza sean de manera selectiva y no se llegue a fondo del problema de la corrupción.
En sexenios pasados, diversos personajes políticos han sido señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Entre éstos: el senador Manlio Fabio Beltrones, ex gobernador de Sonora; los ex mandatarios Rubén Figueroa, de Guerrero; Agustín Acosta, de Veracruz, y Mario Villanueva, de Quintana Roo, este último condenado a 36 años y nueve meses de cárcel, el único procesado.
"Esperamos que se llegue a secretarios, ex gobernadores y gobernadores de los estados; hay muchos en la mira, con evidencias y no se hace nada", dice.
"Se ha pedido que se investigue a García Luna y, en cambio, Calderón lo respalda en una actitud muy testaruda, pensando que las presiones son de corte político y no por la gravedad del asunto".
El senador por el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), Ricardo Monreal, consideró que el presidente no debería "meter las manos al fuego" por sus colaboradores.
Una postura crítica también la han tenido integrantes destacados del oficialista Partido Acción Nacional (PAN), como el ex presidente del organismo, Manuel Espino, quien hizo un llamado a que la Operación Limpieza no se detenga en las jerarquías.
De acuerdo con información de la PGR, los nombres de los policías supuestamente ligados al narcotráfico salieron a la luz gracias a varias pesquisas que inician el 12 de diciembre del año pasado, cuando fue decomisada al cartel de Sinaloa media tonelada de cocaína en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
La respuesta a esta acción —decapitaciones de agentes— dividió al cartel del Pacífico, conformado por Joaquín "El Chapo" Guzmán, los hermanos Beltrán Leyva —Alfredo, Arturo y Carlos— y los Zambada: Ismael y Jesús, alias "El Rey".
Supuesta información filtrada por los Zambada a la policía llevó a la captura de Alfredo Beltrán "El Mochomo", el 20 de enero pasado. Nueve meses después, los datos proporcionados por "Felipe", el testigo protegido, lleva a la captura de Jesús, "El Rey" Zambada.
Ambos narcotraficantes revelan sus contactos con funcionarios del gobierno.
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